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de los males que ocasione su demora cualquiera persona que contraríe esta resolución. Y pudiendo llegar el caso en que el Gobierno necesite postergar la marcha de los paquetes, dicha postergación deberá hacerce con acuerdo prévio del agente de la Compañía de vapores.

Comuníquese, regístrese y publíquese.
Tres rúbricas de S. E. el Consejo de Ministros.

Zevallos.

RECLAMACIÓN DE LA LEGACIÓN BRITÁNICA CON MOTIVO DE LOS ACTOS PRACTICADOS EN ARICA POR DON FELIPE

RIVAS.—1859.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lima, á 17 de Agosto de 1859.

Habiendo remitido el infrascrito al Ministerio de Hacienda los diferentes oficios del señor Encargado de Negocios de S. M. B., referentes á los acreedores de don Marcos Ortiz, por valor de efectos entregados por éste al ex-Coronel don Felipe Rivas, ha recaído, sobre la materia, la resolución suprema que, en copia an. téntica tiene el infrasc:ito la honra de adjuntar á esta nota, para conocimiento del señor Encargado de Negocios de S. M. B; absteniéndose de hacer mérito de las profundas razones que han obrado en el ánimo del Gobierno al expedirla, por ballarse suficientemente motivada dicha resolución.

El infrascrito reitera al señor Encargado de Negocios de S. M. B., sus sentimientos de distinguida consideración y aprecio.

José Fabio Melgar.

Señor Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B.

Legación Británica.

Lima, 1. de Octubre de 1859.

El infrascrito, Encargado de Negocios de S. M. B. en el Perú, ha tenido el honor de recibir la nota que S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú, se sirvió dirigirle en 17 de Agosto último, incluyendo un de pops to supremo, en el que se declara que el Gobierno no es responsable de las mer- . cancías que fueron tomadas por fuerza en la ciudad de Tacna, por don Felipe Rivas, del depósito judicial en que se habían puesto, á pedimento de varios acreedores británicos, de don Marcos Ortiz.

Las razones fundamentales en que esta resolución está apoyada son que conforme al tenor y es íritu de las leyes de comercio, hasta que se ha publicado la bancarrota, los acreedores no tienen derecho á la propiedad del deudor, pudiendo éste celebrar, por lo que respecta á sus mercaderías, los contratos que le parezcan más ventajosos.

El infrascrito se permite observar á S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores que no puede convenirse en que esta reclamación internacional sea decidida por doctrinas-de una controversia judicial.

El hecho, evidentemente probado, es que algunos súbditos bri- . tánicos (stablecidos y reconocidos por comerciantes en la ciudad de Tacna, eran acreedores de don Marcos Ortiz; que este último individuo, habiendo suspendido el pago de sus deudas de plazo cumplido, ellos ocurrieron á las autoridades del país, que puisieron en depósito los efectos del deudor, única propiedad con que podía pagar. Que posteriormente el Prefecto del Departamento ordenó la violación del depósito, a pesar de la resistencia de los acreedores y del Juez, á quien amenazaron con encarcelamiento, y, con esto, se tomó posesión de las mercancías depositadas.

Para las naciones extranjeras que observan el principio de la intervención, y reconocen únicamente la responsabilidad moral de las naciones con quienes tratan, la autoridad del país, sea el que fuere su espíritu político, siempre obra en nombre de la Nación; así que, si un Prefecto de Tacna se apoderó de la propiedad secuestrada, á pedimento de unos súbditos y acreedores británicos, y se destinó para satisfacer sus legítimas reclamaciones, el Gobierno Peruano es responsable de ese hecho, que tiene la obligación de juzgar y reprender, en el ejercicio de su poder so

bre sus súbditos delincuentes. Los medios ordinarios de obtener justicia, intentados oportunamente por los acreedores británicos, ya no existen para ellos, habiendo desaparecido la propiedad del deudor á consecuencia de los actos de una autoridad política contra la cual no tienen medios legales de proceder.

Aunque el infrascrito está convencido de que estas son las razones verdaderas que deciden este negocio, él no se niega á abordar el exámen de la doctrina ya aludida, en que estriba la resolución del Gobierno de S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.

El estado de la bancarrota de un comerciante no principia desde el tiempo de la declaración de esa quiebra emitida por los tribunales, sino desde el momento de la suspensión de los pagos del comerciante. Es satisfactorio para el infrascrito reconocer que este principio, que está sostenido por todas las naciones civilizadas que ejercen el comercio universal, está igualmente adoptado en la Legislación del Perú.

El artículo 1053 del Código de Comercio del Perú dice: «Todos los comerciantes que no cumplen con el pago de sus corrientes obligaciones con considerados en estado de bancarrota.)

Por el artículo 1068 la bancarrota puede ser demandada por el mismo quebrado ó á pedimento de un legítimo acreedor. Por el artículo 1076—«El Tribunal declara la bancarrota, fijando el tiempo en que los efectos de la declaración deben ser aplicados con arreglo al día en que el quebrado hubiese suspendido el pago de sus obligaciones corrientes».

Siendo tan claro el sentido de estas leyes, no necesita el infrascrito entrar en nuevas explicaciones sobre la exactitud del principio asentado, que un comerciante es realmente insolvente desde el día en que no paga sus deudas en el plazo cumplido y en el que fija la declaración judicial.

Según el mismo Código, el artículo 1094, uno de los efectos de esta retroacción es la nulidad de todos los contratos hechos por el insolvente durante los cuatro años anteriores a la bancarrota, en los cuales está probado de que toda especie de suposición ó simulación ha sido practicada con respecto a la defraudación de sus acreedores.

Los acreedores británicos se presentaron á la autoridad judicial de Tacna en el mes de Diciembre de 1857, manifestando que don Marcos Ortiz había suspendido sus pagos y estaba intentando otros fraudes, como el de vender sus bienes, en menos de los precios de plaza.

En 12 de Febrero de 1858 se libró la órden para el depósito judicial, y ésta fué violada por mandato de don Felipe Rivas en 9 de Marzo. Sea, pues, que don Felipe Rivas hubiese procedido de motu propio á este acto de violencia ó por acuerdo con el insolvente Ortiz (cuya última suposición no haya probado el infrascrito en ninguno de los papeles) lo cierto es que don Felipe Rivas mandó la violación del depósito judicial, en el tiempo que, según las ya citadas leyes, don Marcos Ortiz estaba entónces insolvente, cuando tenía la libertad de obligarse, y cuando la autoridad judicial había, en consecuencia, decretado una medida de precaución para los intereses de los acreedores británicos y de otras naciones, de don Marcos Ortíz.

El infrascrito se lisonjea con la esperanza de que las sobredichas razones, en su concepto de mucho peso, inducirán al Gobierno de S. E. á conceder las indemnizaciones solicitadas en favor de los acreedores británicos de don Marcos Ortiz.

El infrascrito aprovecha de esta ocasión, para reiterar á S. E. las seguridades de su alta consideración.

G. Stafford Jerningham.

A S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores de la República

del Perú &. &.

Lima, 3 de Octubre de 1859.

Antecedentes. - Izeta.

Señor Oficial Mayor:

Queda agregada, en cópia, la nota á que se refiere el Agente Diplomático oficiante; y los demás antecedentes relativos al asunto de que él se ocupa, pasaron al Ministerio de Hacienda en 14 de Mayo unos, y los otros en 19 de Julio, ambos en este año.

Lima, 4 de Octubre de 1859.

Trinidad Fernández.

Lima, 5 de Octubre de 1859.

Pase al señor Ministro de Hacienda, para que se sirva acordar la resolución conveniente y avísese en contestación.

Carpio.

Lima, Octubre 7 de 1859.

Antecedentes en el día.- Una rúbrica.

Señor Oficial Mayor:

Los antecedentes pasaron al Archivo en 12 de Agosto último á efecto de remitirlos á la Prefectura de Moquegua, en cumpliiniento de la Suprema resolución que copio en seguida:

Lima, Agosto 5 de 1859.

« Apareciendo de este expediente, que los acreedores de don « Marcos Ortiz se presentaron á la Diputación de Comercio de « Tacna, solicitando la declaración de quiebra de su deudor: que « habiendo éste eludido dicha declaración por medio de diversas « excepciones, consiguieron los acreedores únicamente que se ce« frase el establecimiento de Ortiz: que habiendo el deudor ape« lado de esta providencia, y pendiente la alzada, celebró el ex« Coronel Rivas, Jefe de los facciosos que invadieron el Depar« tamento de Moquegua, en 21 de Febrero de 1858, un conve«nio para la venta de los efectos de su almacén; y considerando: « que, según el tenor y espíritu de las leyes de comercio, mien. « tras no se declare la quiebra, los acreedores no tienen derecho « alguno á los bienes de su deudor, quedaodo éste libre para ha. « cer, respecto de sus mercaderías, los contratos que le parecieren « mas convenientes, lo que ha ocurrido en el presente caso: que « la providencia judicial que ordenó la clausura del estableci«miento de Ortiz, no pudo en manera alguna conferir á los

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