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A parte de todas estas consideraciones, cree el infrascrito in. dispensable manifestar igualmente al Honorable Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B., que, sea cual fuere el mérito y valor de lo que lleva expuesto, el Gobierno del Perú no se considera obligado á indemnizar las pérdidas que han podido sufrir los comerciantes británicos acreedores de don Marcos Ortiz, con motivo de la venta que hizo don Felipe Rivas de los efectos depositados.

Don Felipe Rivas, en la época en que hizo esa venta, lejos de ser autoridad dependiente del Gobierno, se encontraba de jefe de una facción, á la que mandaba en nombre propio; pues ni aún siquiera reconocía la autoridad revolucionaria de don Manuel Ignacio Vivanco. Era jefe de una pequeñísima y miserable fuerza que se encontraba circunscrita y limitada á una pequeña extensión de territorio, y esto por el corto periodo de quince días: era un ciudadano rebelde sin autoridad reconocida y cuyos actos ilegales no pueden de ningún modo producir responsabilidad para el Gobierno de la República.

Así lo declaró terminante y solemnemente y en conformidad con lo que dispone la Constitución política de la República, la ley de de 4 de Enero de 1857, que en su artículo 7dice: «Los actos de los rebeldes y de los que con cualquier título les sirvan contra el orden constitucional, son nulos y no producen efecto alguno legal.»

Siendo esta una ley del Perú, los extranjeros que quieran residir en la República, tienen que someterse á ella, como lo están los peruaros, y que sufrir, por consiguiente, al igual de estos, las consecuencias que pudieran sobrevenirles de los actos de los rebeldes.

Lo contrario sería establecer el principio monstruso de que las leyes no obligan á los extranjeros sino en cuanto le son favora. bles, y que sii suerte es más ventajosa que la de los nacionales.

El Gobierno, on observancia de la citada ley, no puede de manera alguna indemnizar á los nacionales (como no ha indemnizado jamás á ninguno) de las pérdidas que han sufrido, no solo por los actos de don Felipe Rivas, pero ni aún por los de don Manuel Ignacio Vivanco y otros refractarios que más títulos han presentado.

Debe, por lo tanto, observar la misma conducta en el caso actual y en los de igual naturaleza que se presenten.

Principios de derecho internacional son estos á que quedan

subordinados todos los que ocupan un país nuevo en calidad de transeuntes ó residentes.

Todas estas poderosas consideraciones, unidas a las que abraza la resolución suprema de 5 de Agosto último, que Su Señoría conoce, obligan al Gobierno del infrascrito á insistir en la citada resolución, no obstante que le sería grato poder satisfacer los deseos que se sirve manifestar el Honorable Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B., en el oficio que queda contestado.

El infrascrito aprovecha esta oportunidad, para reiterar á Su Señoría las seguridades de su alta consideración,

Miguel del Carpio.

Al Señor Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B.

en el Perú.

Legación Británica.

Lima, 3 de Diciembre de 1859.

El infrascrito, Encargado de Negocios de S. M. B. en el Perú, tiene el honor de someter á S. E. el Dr. D. Miguel del Carpio, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, algunas observaciones con referencia á la nota que S. E. le hizo el honor de dirigirle, en 3 de Noviembre último, relativa á la solicitud de que los acreedores de don Marcos Ortiz, debían ser indemnizados por las pérdidas que sufrieron de resultas de haber sido comprada su propiedad ó tomada y vendida por el General Rivas en tiempo de revolución.

En una nota de 1o de Octubre último, (1) el infrascristo tuvo el honor de indicar los siguientes puntos de legislación comercial reconocida por el Código Peruano: 1. que la quiebra de un comerciante no comienza desde el momento de la declaración judicial, sino desde el día en que haya interrumpido sus pagos; esta aserción no se hizo únicamente por dictámen del infrascrito,

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Como la anterior opinón de S. E. está basada en el fundamenJ10 puede el infrascrito conciliar proposiciones tan contradictorias, ni puede admitir el principio establecido en consecuencia por S. E., de que un decreto contra el que se ha apelado, no produce ningún efecto legal hasta su confirmación.

A parte de todas estas consideraciones, cree el dispensable manifestar igualmente al Honorabl Negocios y Cónsul General de S. M. B., que, mérito y valor de lo que lleva expuesto, el no se considera obligado á indomnizar las dido sufrir los comerciantes británicos ac Ortiz, con motivo de la venta que hizo efectos depositados.

Don Felipe Rivas, en la época er ser autoridad dependiente del Gol de una facción, á la que mandat siquiera reconocía la autoridar' Ignacio Vivanco. Era jefe de que se encontraba circunsc sión de territorio, y esto: un ciudadano rebelde si ilegales no pueden de para el Gobierno de

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Si esto se ha hecho por el Gobierno Peruano no por espíritu de justicia, juzgando que no habían de resultar daños y perjuicios á los que no podían protejer su propiedad mientras que los partidos luchasen por apoderarse del Poiler Supremo de la Nación, cuanto menos pocila tolerarse que los acreedores de Marcos Ortiz fuesea despojados de su propiedad cuando se apoderó ilegalmente de ella el General Rivas, que dice S. E. no pertenecía á la sazón á la facción de Vivanco, sino que él mismo campeaba por su cuenta.

Ea el país del infrascrito cuando se infiere algún daño á la propiedad de una persona residenie en un lugar ó ciudad duraite algún tumulo, la ley compele a esa aldea ó ciudad á que abone ó inde nace esa pérdida, y si la aldea ó ciudad no lo puede ver Scar, la n ovincia ha de ser responsable, y si aún la provincia carece tainlei de medios suscientes para ello, la carga viene á recaer sobre el pa's.

Suponiendo que alguna propiedad peruana, en semejante ca

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sino que fué aducida, por estar fundada en la de una persona muy versada en la jurisprudencia de esta República; 2. que la declaración judicial empieza á regir desde el día en que por primera vez ccurrió la interrupción de pagos; y 3. que cuatro años antes de la quiebra, los contratos en los que pueda haber habido simulación por la parte del fallidi, son mulos y sin efecto.

S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, asienta, on su nota del 3 de Noviembre últiino, que celebra reconocer la exactitud de tales citas, y cuando la consecuencia de aquel acto debiera ser un explícito reconocimiento de la justicia con que los acreedores de Ortiz reclaman el pago de sus mercancías, S. E. observa, con el mayor sentimiento, que, para las decisiones expresas de las leyes, S. E. opione su opinión particular, que la declaración de la quiebra debía hacerse de un modo judicial, y que, tan sólo a partir de aquella época, el comerciante está reputado como insolvente.

Semejante opinión es insostenible en concepto del infrascrito, porque es diametralmente opuesta á las ya citadas leyes, y sobre todo á la que inhabilita los actos fraudulentos del fallido antes que la bancarrota sea declarada. .

El infrascrito se ha confirmado más en sus convicciones, desde que ha llegado á percibir que S. E. invoca únicamente, en apoyo de su opinión el artículo 1096 del Código, que al determinar un cierto órden de disposiciones, ajenas de la cuestión, hace mención solamente, coino un incidente, de la declaración de la bancarrota. .

S. E. reconoce también el hecho que después de haber interrumpido Ortiz sus pagos, los acreedores británicos se presentaron al Juez y obtuvieron un decreto por el cual fué declarado insolvente y se inanló hacer el depósito de sus bienes.

Como la anterior opinón de S. E. está basada en el fundamento de que no había existido ninguna declaración de bancarrota, no puede el infrascrito conciliar proposiciones tan contradictorias, ni puede admitir el principio establecido en consecuencia por S. E., de que un decreto contra el que se ha apelado, no produce ningún efecto legal hasta su confirmación.

El infrascrito debe considerar que semejante principio produciría en otros países (como también en el Perú) un obstáculo muy grave para la administración de Justicia; pues en tal caso las resoluciones del Tribunal de 19 Instancia serían nulas por sí mismas, si la parte interesada, tal vez insolvente, coino don Marcos Ortiz, pudiese proceder en contrario a lo que prescriben

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