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aquellas disposiciones, anteponiendo la voluntad particular á la orden del Juez, legítimamente fundada en la ley. El infrascrito se ve obligado, por el contrario, á considerar, como inamovible la resolución del Juzgado de 19 Instancia hasta que sea revoca? da por otro Tribunal Superior.

Con respecto a la otra observación que hace S. E., al final de su nota, que el Gobierno peruano no podía considerarse obligado á hacer efectivas las pérdidas que los súbditos briiánicos pueden haber sufrido por la venta de los bienes ile Marcos Orti: por el General Rivas, puesto que este General, léjos de ser depen. diente del Gobierao Peruano, era jefe de un partido que man. daba en su propio nombre y que no reconocía, en aquella época, la autoridad revolucionaria de don Manuel Ignacio Vivanco, el infrascrito siente considerar como inadmisible este principia, pues en tal caso, la propiedad de nadie, mucho menos la de los extıanjeros estaría segura, suponiendo que cualquiera persona que quisiera hacer una revolución y necesidade dinero pudiera tomar ó comprar alguna propiedad que estuviese legalmente depositada con motivo de quiebra y bancarrota, según conviniese á sus intereses, y que ni e! Gobierno ni la Nación fuesen responsables por tales procedimientos.

S. E. debe saber que muchas personas han sido indemnizadas por el actual Gobierno del Perú por pérdidas que han sufrido durante las revoluciones que han desvastado el Perú; y, entre ellas, según le han informado al infrascrito, personas que han pertenecido á un partido político disinto que el del presente Gobierno en el que iambién se cuentan extranjeros.

Si esto se ha hecho por el Gobierno Peruano no por espíritu de justicia, juzgando que no habían de resultar daños y perjuicios á los que no podían protejer su propiedad mientras que los partidos luchasen por apoderarse del Poder Supremo de la Nación, cuanto menos podía tolerarse que los acreedores de Marcos Ortiz fuesen despojados de su propiedad cuando se apoderó ilegalmente de ella el General Rivas, que dice S. E. no pertenecía á la sazón á la facción de Vivanco, sino que él mismo campeaba por su cuenta.

Ea el país del infrascrito cuando se infiere a'gún daño á la propiedad de una persona residente en un lugar ó ciudad durante algún tumulto, la ley compele á esa aldea ó ciadad á que abone ó indennice esa pé:dida y si la aldea ó ciudad no lo puede ver Scar, la n.ovincia ha de ser responsable, y si aún la prov'ac:a carece ta.nl:ei de medios suicientes para ello, la carga viene á recaer sobre el pa's.

Suponiendo que alguna propiedad peruana, en semejante ca

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so, hubiera sido destruida en Inglaterra ¿no recurriría el Perú al Gobierno Británico? Creo que así sucedería, y que el Gobierno Británico, en tal conformidad, adoptaría los medios conducentes para que se reintegrase al perjudicado su propiedad con arreglo á la ley de la nación.

Por consiguiente, cuando los ingleses vienen con su propiedad al Perú, es con la esperanza de ser tratados del mismo inodo, y si se admiten otros principios, tales máximas tendrían un éxito sobremanera perjudicial á los intereses internacionales y tenderían á disminuir infinito aquel espíritu de mútua confianza, que es el alma de la prosperidad del comercio.

El infrascrito espera que S. E. tratará de que el consabido asunto vuelva á reconsiderarse por el Gobierno, á fin de que se pueda arribar prontamente á un arreglo justo y amistoso.

El infrascrito tiene el honor de reiterar á S. E. las segurida. des de su alta consideración.

Guillermo Stafford Jerningham.

A S. E. el Ministro de Relaciones Exteriores de la República

del Perú &. &.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Lima, 15 de Marzo de 1860.

El infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores, tiene el honor de contestar el oficio que el honorable señor Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B., le dirigió el 3 de Di. cieinbre último, acerca de la solicitud de los acreedores ingleses de don Marcos Ortiz, por las pérdidas que aseguran haber sufrido á consecuencia del contrato celebrado entre éste y el Coronel don Felipe Rivas. La necesidad de inquirir algunos datos sobre esta materia ha sido causa de que el infrascrito haya retardado la contestación que debe al honorable señor Jerningham por su oficio de la fecha memorada. Ahora que estos datos han sido suficientemente ministrados por la Prefectura respectiva, le es satisfactorio al infrascrito cumplir con S. S., respondiendo, punto por punto, á todos los argumentos contenidos en su oficio pendiente, para concluir, esta vez como ántes, con la esplícita

manifestación de que ninguna clase de razones ha sobrevenido que induzcan al Gobierno del Perú á cambiar su fundada resolución, trascrita á S. S. sobre el asunto objeto de esta comunicación. Los puntos de legislación comercial que el honorable señor Encargado de Negocios de S. M. B., indicó en su oficio datado en 1. de Octubre del año anterior y que reproduce S. S., en el que ahora contesta el infrascrito, difieren de las disposiciones terminantes del Cóil :) de Comercio vigente en la República para los nacionales y extranjeros, transeuntes ó doinici iados. Cree S. S., 1. que la quiebra de un comerciante no comienza desde el tiempo de la declaración judicial, sino desde el día en que interrumpe sus pagos: 29 que la declaración judicial empieza á regir desde el día en que por primera vez ocurrió la interrupción de pagos; y 3o que cuatro años antes de la quiebra los contratos en los que pueda haber habido simulación por parte del fallido, son nulos y sin efecto.

Según el artículo 1068 del Código, la declaración del Estado de quiebra ha de lacerse por providencia judicial. El artículo 1076 previene que en la primera audiencia declarará el Tribunal de Comercio el estado de quiebra, fijando, en la misma providencia, con calidad de por ahora y sin perjuicio de tercero, la época á que deban retrotraerse los efectos de la declaración, por el día que resultare haber cesąılo el quebrado en el pago corriente de sus obligaciones. «Esta declaración no puede hacerla el Tribunal» sin que conste previamente en debidu formo, la cesación de pagos del deudor por haberse denegado generalmente á satisfacer sus obligaciones vencidas, ó bien por su fuga ú ocultación, acompañada del cerramiento de sus escritorios y almacenes, sin haber elejado persona que en su representación dirija sus dependencias y dé cumplimiento á sus obligaciones (art. 1077)». Todo acto de dominio y de administración que haga sobre cualquiera especie y porción de sus hienes después de la declaración de quiebra y los que haya hecho posteriormente a la época á que se retrotraigan los efectos de dicha declaración, con nulos. («art. 1088»).

En virtud de estos artículos la declaración de quiebra dehe hacerse judicialmente; el Tribunal tiene la facultad de señalar la época de retroacción; solamente dentro del plazo de esta le es prohibido al deudor ejercer actos de dominio y de administración sobre sus bienes; y para todo esto es indispensable que conste en juicio el hecho de haber suspendido el deudor sus pagos. l'e manera que estos efectos de la quiebra tienen únicamente lugar después de expedida la declaración judicial por el Tribunal competente, y nunca antes de la declaración, en la cual ha de determinarse el tiempo de la retroacción. Sin declaración no hay quiebra; sin quiebra no hay retroacción; sin retroacción no hay nulidad imputable en los contratos lel deudor.

Respecto de los contratos celebrados por el deudor en los cuatro años anteriores i la quiebra «en los cuales se pruebe cualquiera especie de suposición ó simulación hecha en fraude de sus acreedores), no dice la ley que son nulos ipso facto, sino que «Se podrán revocar á instancia de los acree lores», es decir, prévio un juicio sobre la materia, en el mal es preciso evacuar las pruebas de dicha suposición ó simulación y expedir un fallo judicial que los dec'are revocados. Esta nulidad es, pues, condicional: depende de la demanda de los acreedores y de la resolución del Tribunal: hasta que no se realizan estas condiciones, no se pueden reputar nulos esos contrato: anteriores á la declaración de quiebra. Tal era el estado del comerciante Ortiz al tiempo de contratar con Rivas: no se hallaba legalmente impedido de ejercer actos de dominio y administración sobre sus bienes; porque aún no había tenido lugar la declaración de su quiebra; ni hoy pueden considerarse mulos sus contratos, porque no se ha señalado judicialmente la época de la retroacción.

Se ha detenido el infrascrito, reproduciendo el texto del Código de Comercio, acerca de la cuestión que lo ocupa, para tratar de convencer al honorable señor Jerningham de que no es la opinión particular del infrascrito la que se opone á las consecuencias deducida, por S. S., sobre la retroacción legal de la quiebras sino la letra misma de las leyes de comercio, que, si bien es cierto que fueron citadas con exactitud por el señor Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B., en su oficio fechado el 1° de Octubre, tambien lo es que de los artículos ci. tados no se deduce la obligación atribuida al Gobierno del Perú de indemnizar á los acreedores de Ortiz los perjuicios que puedan haber sufrido directa o indirectamente por causa del contrato de Ortiz, oon Rivas. Complaciéndose el infrascrito en reconocer la exactittd de las citas dei Código de Comercio, ha podido, pues, sin incurrir en contradicción, concluir denegando la responsabilidad que qui pe hacerse recaer sobre su Gobierno.

Con el intento, igualmente, de persuadir al honorable señor Jerningham de que tampoco hay contradicción, por parte del infrascrito, en reconocer el he ho de haber declara lo la quiebra de Ortiz el Tribunal le 1? Instancia de Comercio y negar al mismo tiempo que Ortiz se hallaba legalmente impedido de contratar con Rivas; citará el infrascrito los artículos del Córligo de Enjuiciamientos, aplicables á los juicios de Comercio, en virtud de los cuales se suspenden los efecto de las resoluciones judiciales de

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19 Instancia mientras está pendiente en el Tribunal Superior la apelación interpuesta por alguno de los litigantes.

«La apelación produce dos efectos: el de suspender la jurisdicción del Juez; y el de pasar al superior el conocimiento de la causa». «Son apelables algunos autos en ambos efectos y otros en solo el efecto devolutivo» (arts. 1668 y 1669 del Código de Enjuiciamientos). Cuando se admite la alzada en ambos efectos, se suspenden los del auto apelado, la jurisdicción del Juez ó Tribunal que lo proveyó y pasa la cantina original al conocimiento del superior; que tiene la facultad de revocar ó aprobar lo resuelto en 19 Instancia. Este es el caso de Ortiz. Habiendo ocurrido al Tribunal de segunda Instancia reclamando de la declaración de quiebra, se suspendieron los efectos de ella, esto es, podía producirlos; pasó la causa al conocimiento del Tribunal de Alzada y quedó entre tanto Ortiz en aptitud de contratar y administrar sus bienes: estaba aun en tela de juicio la declaración de quiebra, se estaba discutiendo judicialmente, y no podía por consiguiente surtir sus efectos legales. No le parece oport:no al infrascrito detenerse á reflexionar sobre la conveniencia ó inconveniencia de estas dos últimas disposiciones de la ley de Enjuiciamientos para rebatir la opinión particular del honorable señor Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B.

Basta que las leyes peruanas manden suspender los efectos de las resoluciones judiciales de 19 Instancia mientras esté pendiente la Alzada, para que el honorable señor Jerningham convenga con el infrascrito en que los extranjeros en el Perú, á la par que los nacionales, están obligados á soportar los efectos de esta ley favorables ó desfavorables que para ellos sean; y para que S. S. rectifique su juicio en cuanto ha considerado que era esta opinión particular del infrascrito y no una prescripción de los Códigos de la República.

Se ve el infrascrito precisado á objetar otra consecilii du ducida por el honorable señor Jerningham, que no se desplende absolutamente de la premura de que S. S. parte en el oficio intes citado. Ha negado el infrascrito é insiste en negar que su Gobierno no está obligado á indemnizar los perjuicios sufridos por los acreedores de Ortiz á consecuencia del contrato que hizo con Rivas; y se fundó el infrascrito en que este coronel no representaba á la Nación y en que las leyes peruanas (á las cuales están sujetos en el Perú todos los extranjeros) declaran la irresponsabilidad del Gobierno en los casos como el de Ortiz. S. S. H. considera inadmisible este principio y alega que «en tal caso la propiedad de nadie, mucho menos la de los extranjeros estaría segura, supuesto que cualquiera persona que quisiera hacer

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