Imágenes de páginas
PDF

«Sin embargo, si el desertor hubiese cometido además algunos « crímenes ó delitos en tierra, las autoridades locales podrán diferir « su extradición hasta que el tribunal competente haya resuelto « lo conveniente sobre este particular, y que la resolución expedida « haya recibido entera ejecución.» «Queda igualmente entendido que los marinos ú otros in« dividuos de la tripulación, súbditos del país en que ha tenido « lugar la deserción, quedan exceptuados de las estipulaciones del presente artículo.» (Archives Diplomátiques 1862. T. Quatrieme.) Idéntica estipulación existe entre Prusia y Bélgica, (Tratado de 28 de Marzo de 1863. Ver la misma obra 1866, número 8 y 9) así como entre este país y Francia (Convención de Navegación de 1o de Mayo de 1861) y entre Francia y Suecia, [La misma obra citada, 1861, T. 3, y 1865, T. 3o) He aquí, pues, sancionado el principio de que los delitos y crímenes cometidos á bordo de un buque mercante extranjero, son justiciables por las autoridades del país á que pertenece el buque; y esto aún cuando los delincuentes lo abandonen y aun cuando se hallen en tierra; hé aquí estipulado que las autoridades locales no podrán rehusar la entrega de los delincuentes, y limitado, por consiguiente, el principio de la soberanía jurisdiccional y territorial. Aunque esto es claro y terminante, debemos anticiparnos á las observaciones que se nos hagan, porque ya el señor Mesones ha apuntado la idea de que en el caso de deserción debe distinguirse la acción administrativa ó de policía correccional, de la jurisdicción del país sobre delitos y crímenes. Se dirá que el mencionado artículo se refiere á los que abandonan el buque, y que el pedirlos á la autoridad local con documentos justificativos importa el reconocimiento de la jurisdicción del país; pero es muy fácil responder á estas observaciones. La circunstancia de quedar el delincuente en el buque después del crímen, no puede dar jurisdicción á la autoridad local; más bien, el abandonarlo, el mezclarse con los habitantes del territorio y quedar bajo la inmediata jurisdicción de las autoridades, podría darles derecho á estas para conocer de los crímenes perpetrados á bordo, teniendo ya á la vista y en sus manos al criminal; pero, léjos de eso, á pesar de que el país ve al criminal y lo tiene en sus manos, no lo puede juzgar y lo entrega para que sea juzgado por las autoridades del país á que pertenece el buque. Lo que tiene que saber la autoridad local es si realmente el inculpado pertenece á la tripulación, y defiere, no solo á los papeles que se le presentan, sino al simple extracto que "leva la firma del agente consular. Solo en el caso de que cometa un delito en tierra, se aplaza su extradición hasta que se haya resuelto y ejecutado lo conveniente. Este es el derecho público de las grandes naciones; esto es lo que se practica en los pueblos más adelantados. ¿Y se podrá concebir que abdiquen su soberanía y que se pongan al nivel de los países berberiscos, la Francia, que consagró el principio en tiempo de Napoleón primero, y la Prusia que, hoy mas que nunca, tiene la profunda conciencia de su verdadera grandeza? ¿Se cometerán debilidades en la Francia? Se cometerán debilidades bajo el imperio de Napoleón? ¿Sera debil v abyecta la nación de Federico segundo y del conde de Bismark? Pero se dirá: esta estipulación no existe con el Perú, y nosotros contestaremos: si no existiera, sería preciso inventarla; pero ella existe. Los términos no son los mismos, porque los pactos no son los mismos. En las Convenciones Consulares se establecen las funciones de los Cónsules, dándose ya por fijados los principios fundamentales en los tratados de co— mercio y navegación. Verdad es que en muestro Tratado con Francia se ha incluído todo lo relativo á amistad, comercio, navegación y Cónsules; y tal vez por no haberse hecho la debida separación de materias, se han cometido en aquel acto internacional, cuyo mérito es, por otro lado, indisputable, algunas omisiones; pero las Convenciones Consulares se redactan suponiéndose y reconociéndose la existencia de ciertos principios fundamentales. Esto sucede en nuestra Convención con Italia. Si el señor Mesones hubiese pactado en ella, pura y simplemente, que los buques italianos estarían sujetos en el Perú de una manera absoluta, á la jurisdicción del país, sin más excepción que la de dar á los Cónsules el conocimiento de las meras dferencias de á bordo y el de las cuestiones de salarios, dejando al conocimiento de las autoridades del país los delitos que tuviesen lugar á bordo, habría lhecho una mala Convención y habría escrito un justo artículo de periódico; pero creemos lo contrario, y el autor del escrito que se ha publicado para probar que el Ministro se equivocó á cada momento, le permitirá decir al que escribe estas líneas que no está de acuerdo con él, y esto para tener la satisfacción de hallarse en conformidad con el distinguido Plenipotenciario que discutió y firmó con el caballero Negri la Convención "erú–Itálica. El artículo 17 de esta comienza por decir lo siguiente: «En todo lo que cocierne á la policía de los puertos, á « la carga de los buques, y á la condición y seguridad de las mer« caderías ó efectos, se observarán las leyes, estatutos ó reglamena tos territoriales.» Así, el señor Mesones comenzó por determimar los casos en que los buques mercantes italianos están sujetos á las leyes del Perú, es decir, empezó por limitar la soberanía jurisdiccional y territorial. En seguida dijo:—« Los Cónsules ge«nerales, Cónsules, Vice-cónsules y Delegados ó Agentes Consu«lares conocerán, exclusivamente, del órden ó policía interior de los «buques mercantes de sus respectivas naciones.» Es decir, le prohibió á las autoridades del Perú conocer del órden y de la policía interior de los buques; de manera que si el órden se turba de cualquiera manera, bien sea por faltas ó por delitos, las autoridades del país no pueden conocer de ellos; y tampoco pueden conocer de la policía, lo cual es indispensable para descubrir y castigar los delitos. No les dió el señor Mesones á los Cónsules la facultad de resolver todas las infracciones del órden como no lo ha hecho el Gobierno;— así, el señor Mesones agregó— «y resolverán las controversias ó diferencias existentes entre los « capitanes, oficiales ó marineros, especialmente cuando se refie«ren á sus contratos recíprocos ó pago de salarios.» Aún cuando ya esto era bastante para impedir que las autoridades locales conociesen de esas infracciones del órden que se dividen en faltas y en delitos, el señor Mesones agregó:—«Las autoridades locales no podrán intervenir, á ménos que ocurran á bordo de los mencionados buques, desórdenes que perturben la tranquilidad ó el órden público, en tierra ó en el puerto; intervendrán también cuando se haya ingerido en aquellas disensiones alguna persona del lugar ó que no pertenezca á la tripulación.» Aún cuando por esta estipulación se habían determinado los casos en que las autoridades locales no podían intervenir, y aun aquellos en que podían hacerlo, podía quedar alguna duda, porque el primer período, bajo una forma negativa, encierra una afirmación y también es afirmativo el segundo período. Podían, pues, quedar otros casos, es decir, todos los que no estaban previstos, las faltas, los delitos y aún los que por otras legislaciones se llaman crímenes; para todos estos casos estipuló el señor Mesones lo siguiente: En los demás casos, las autoridades territoriales se limitarán á auxiliar eficazmente á los Agentes Consulares, si estos las requieren, para hacer arrestar ó detener en la cárcel á cualquier individuo perteneciente á la tripulación.» Nada más pueden hacer las autoridades territoriales. En el artículo 18 pactó el señor Mesones la entrega de los desertores, es decir, de los individuos de la tripulación que abandonasen al buque; pero, con mucha previsión agregó lo siguiente:—«No obstante, si el desertor hubiese cometido algún otro delito en el mismo territorio, la autoridad local podrá diferir la soltura hasta el pronunciamiento y ejecución de la sentencia.» Sólo, pues, en el caso de que se haya cometido otro delito, se puede rehusar al individuo de la tripulación que ha abandonado el buque, y debe ser en el mismo territorio. ¿Pensó el señor Mesones, al decir el mismo territorio, referirse al buque? No nos creemos con el derecho de interpelar á nadie, y no le diremos que se equivocan sino únicamente á las personas que nos supongan un mal procedimiento, y esto cuando sea in

dispensable hacerlo. Así, nos limitaremos á decir que, á nuestro juicio, no se puede relhusar al delincuente sino cuando haya cometido otro delito, no en el buque á que pertenece, sino en lo que se llama territorio, en lo que es propiedad del Estado, en lo que se lhalla bajo de su jurisdicción absoluta y completa, en lo que se encuentra bajo el dominio eminente de la Repúblcia. El señor Mesones, cuando firmó la Convención con Etalia, fué invitado á dar cuenta de la negociación y á exponer los principios que lo habían guíado para celebrarla. Se propuso entonces el señor Ribeyro, Ministro de Relaciones Exteriores, contribuirá la formación de una verdadera jurisprudencia internacional que explicase el sentido genuino de las estipulaciones internacionales; pero el señor Mesones no acompañó los protocolos de sus conferencias con el caballero Negri, que arrojarían hoy mucha luz sobre la cuestión, ni dijo otra cosa, en resúmen, sino que había seguido lo estipulado en la Convención Consular que el Gobierno de Turin ajustó con el Imperio francés, en la celebrada con España y en la que terminó con el Brasil. Ellas son, si se quiere, más terminantes. En cuanto á la última, que tenemos á la vista, y que no copiamos, por no hacer mas largo este escrito, no manifiesta sino que el señor Mesones tuvo tanta razón al desconfiar de su memoria respecto de ella, como fué muy poca la que tuvo para asegurar después que en aquel acto se hacían justiciables por la autoridad del país los delitos comunes perpetrados á bordo. La Convención con el Brasil no dice eso. Lo que hay de cierto es que el señor Mesones aceptó los principios que en esta materia el Gobierno francés va propagando y estipulando por todo el mundo civilizado. El Gobierno tiene que cumplir lealmente los tratados, actos de buena fe que obligan, no solamente á lo que se halla expresamente estipulado, sino también á todo lo que puede convenir mejor á la materia del contrato y á la cómun intención de las partes contratantes. Este es un principio admitido generalmente, conforme con la razón y exigido por la lealtad internacional. El gobierno del Perú y el autorizado intérprete del gobierno de Italia han fijado el sentido de la Convención. El señor Mesones rechaza la opinión de ambos é interpela al gobierno italiano. Si este desaprobase la conducta del H. señar Garrou, la resolución del gobierno peruano desaparecería sin haber producido mal alguno. Si el gobierno italiano aprueba lá conducta de su representante, no creemos que el señor Mesones rechace la opinión del Gabinete de Florencia con la misma facilidad con que ha impugna lo la del gobierno de su pátria, si el gobierno francés acepta, como no puede dejar de aceptar, sus doctrinas y lo que está estipulado con muchos países y con el Perú, no creemos que el senor Ureta pueda decir que la Francia piensa como él.

VI

Exposición que hace el mismo Wheaton de la legislaeión y de la jurisprudencia francesas. Ellas están conformes con la resolución del Gobierno. Exposición de la doctrina que encierra los mismos pincipios por Hauteffeuille. Doctrina de Theodoro Ortolan. Opinión de Cauchy. De Clerc, Moreuil, Cusy. Solo se trata en las leyes, casos y opiniones expuestas de países cristianos. Falsa idea emitida por el señor Mesones y acogida por algunos de la opinión que el Gobierno francés tiene del Pcrú. Prueba de amistad y de consideración dada al Perú por el Gobierno imperial. Alcance de la resolución en cuanto al caso del “Emilio Rondamini". Abstención expresa que se hace en este escrito de la cuestión de competencia. Necesidad de la resolución que se ha expedido. Resúmen.

Los más distinguidas tratadistás de derecho marítimo profesan la doctrina pactada y mandada cumplir por el Gobierno peruano. Ya hemos tenido ocasión de hacer notar las varias opiniones de Wheaton sobre la materia; pero el ilustre diplomático, aunque emitiendo opiniones distintas á la política de su país, ha expresado lealmente las ajenas doctrinas. Hé aquí sus palabras.(Droitinternational, Troisiemme edition, 1858.T., 1o, p. 129). «La jurisprudencia marítima reconocida en Francia respecto de los buques mercantes extranjeros, que entran á los puertos franceses, no parece conformarse con los principios establecidos por la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que acabancos de citar, ó, para hablar mas correctamente, la legislación francesa, exceptuando á estos buques del ejercicio de la jurisdicción del país, les acuerda mayores inmunidades de las que exigen los principios generales del derecho internacional ». Ya se sabe como los entiende Wheaton: pero luego agrega:—«La jurisprudencia francesa establece, en cuanto á los hechos que pasan á bordo de los buques mercantes en un puerto ó en una rada en pais extranjero, una distinción: 1o prr una parte, los actos de pura disciplina del interior del buque, y aún los crímenes ó delitos cometidos por un hombre de la tripulación contra otro hombre de la misma, cuando la tranquilidad del puerto no se ha comprometido; y 2o, por otra parte, los crímenes ó delitos cometidos aún á bordo contra personas extrañas á la tripulación, ó por cualquiera otro que no sea de ella, ó aún por los que se hayan cometido entre gentes de la tripulación, si la tranqui

« AnteriorContinuar »