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que el Gobierno hubiera impartido á la Ilustrísima Qorte?—Lo

que se le comunicó fué un decreto supremo, euando ménos una resolución de caracter general, sobre lo cual no cabe observaciones que nieguen su cumplimiento; porque resolver, es decidir, determinar sobre alguna cosa; y si las órdenes especiales que la Corte Suprema y el Gobierno impartan, pueden ser susceptibles de observaciones, sin negar su cumplimiento, antes de hacerlas, los decretos y resoluciones del Gobierno no están sujetos al veto de la Ilustrísima Corte. Sus fueros y autoridades, en este caso, tienen ámplia libertad cuando llegue la vez de aplicar ó no aplicar los decretos ó resoluciones en los juicios de que conozca, ó para acusar, como cualquier ciudadano, á la autoridad que ha infringido la Constitución ó las leyes.

Tan evidente parece lo expuesto, que el mismo Reglamento de Tribunales, detallando las atribuciones de la Excma. Corte Suprema, le reconoce la de reunirse en sala plena «para imponerse « de las leyes que le comunique el Ejecutivo y de los decretos que « este expidiere para el mejor cumplimiento de la Constitución y « de las leyes, » (inciso 10, artículo 23, Reglamento de Tribunales). Aquí no se habla de órdenes, ni se concede, por consiguiente, la facultad de hacer, en acuerdo, observaciones que suspendan ó nieguen el cumplimiento de los decretos supremos. Y nótese que, en estos casos, á nada más reduce el Reglamento de Tribunales la atribución de la Excma. Corte, ni se habla de órdenes, porque estas solo se dirigen por el superior al inferior ó por los Ministros de Estado á cualquiera oficina ó funcionario, encargándole que haga tal cosa. La Corte Suprema no puede recibir órdenes; por eso no se mencionan entre sus atribuciones. Las superiores sí pueden recibirlas de la Corte Suprema y del Gobierno, y entónces tienen la facultad de observarlas; pero no pueden decir no las cumplo, omitiendo las observaciones. Extraño sería que la facultad de observar, que el señor Presidente ha encontrado en la atribución á que se refiere, no hubiese sido concedida á la Excma. Corte. Esto explica la razón por qué el Supremo Tribunal, al recibir un decreto, se limite á su citada atribución 10o, artículo 23 del Reglamento de Tribunales.

La razón es óbvia: la Constitución reservó para la Comisión Permanente del Cuerpo Legislativo la facultad de observar los decretos y resoluciones generales que expidiese el Ejecutivo, y esas observaciones no producían el efecto de suspenderó negar el cumplimiento de aquellos, pues se cumplían á pesar de ellas, cuando el Gobierno no las atendía. Pero el señor Presidente ha llevado los fueros y autoridades de la Ilustrísima Corte mas allá del límite que les fija la Constitución y las leyes, y considera

menoscabadas sus legítimas prerrogativas, por que el fiscal, que las respeta, hizo presente la extralimitación que, desgraciadamente para él, no pudo dejar de manifestar.

La Ilustrísima Corte tampoco hizo las observaciones en el sentido que anuncia el señor Presidente, en su nota del 14, para que el Gobierno rcconsirlerasc su resolución de Mayo. Se negó ácumplirla. Si las hubiese formulado, sin negar su cumplimiento, el Gobierno, que no debe desear sino el acierto, habría atendido, aún en este caso, á su mérito y reconsiderado ó nó su resolución. Una negativa perentoria, no es una observación ó la solicitud de una reconsideración.

Esas mismas observaciones, que el señor Presidente juzga cornprendidas en el Reglamento de Tribunales y en la ley de funcionarios políticos, no tienen relación con la atribución 5’? artículo 94 de la Constitución, de la cual usó el Gobierno, en su resolución de Mayo, cuando produzcan el efecto de suspender el cufilplimicnto de los decretos del Ejecutivo. Si así fuera, al arbitrio de cualquiera autoridad ó persona estaría impedir la acción ó autoridad del Gobierno. Las observaciones que se proponen recabar una reconsideración, son las que se refieren, como se ha dicho, {t las disposiciones de caracter singular, y en este caso no impiden el (znmplimiento, conforme al artículo 18 de la ley de 17 dde Enero, salvo el derecho de elevar la queja á quien correspon a.

El Fiscal ha estado muy lejos de atacar la independencia y autoridad de la Ilustrísima Corte, cuya ilustración y probidad jamás ha dejado de reconocer. Ha dicho que, si a su juicio, no consideró constitucional la resolución del Gobierno, tenía la facultad de no aplicar los artículos dela Convención declarados vigentes, porque, en tal caso, quedaba á los interesados en su aplicación el remedio de ocurrir á la Excma. Corte Suprema, para que declarase lo conveniente; y esto no es imponer al Tribunal Superior una obediencia pasiva, ni menoscabar sus fueros y autoridad, sino rcconocerla en toda su plenitud. El Fiscal no acepta, pues, el cargo que, á este respecto, le hace el señor Presidente, y no comprende por qué la circunspección de la Ilustrísima Corte haya creído menoscabados sus fueros, porque el Fiscal opinó que el Tribunal Superior se había extralimitado de sus atribuciones, usando de una que no tiene, á juicio del Fiscal, cuyo deber es emitir su dictamen, que puede ser fundado, con la misma facultad que la Ilustrísima Corte tiene para emitir sus juicios. Porque el Tribunal, con juicio diverso, haya negado al Gobierno la facultad de mandair cumplir el protocolo provisional con cargo de dar cuenta al Congreso, no cree el fiscal menoscabados los

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fueros y autoridades del Gobierno. En el presente caso la Ilustrí sima Corte expresa su juicio y el Fiscal dictamina. Ni aquella ni éste resuelven. El señor Presidente asegura que desde que la responsabilidad de un mandato para el cumplimiento de una órden contraria á las leyes, había de recaer necesariamente sobre el Tribunal, y no sobre el juzgado obligado á obedecer, deber suyo era solicitar la oportuna reconsideración. Ojalá hubiera sido este el procedimiento de la Ilustrísima Corte. Lćjos de proponer observaciones para convencer á la autoridad de la ilegalidad, no de la órden sino de la resolución; ó para convencerse de insuficiencia ó ineficacia de las observaciones, negó el cumplimiento: no observó, dejando á los juzgados de primera instancia en la incertidumbre entre la negativa del Tribunal y el deber de cumplir las leyes y decretos ó resoluciones supremas, desde que sean insertadas en el periódico oficial.

Tampoco parece fundado el temor de caer en recponsabilidad, porque se hubiese comunicado la resolución á las juzgados de primera instancia. Para que estos cumplan ó se sujeten á las leyes ó á las resoluciones y decretos del Gobierno, no tienen necesidad del exequatur de ninguna autoridad superior, ni de recibirlos por determinado conducto: les basta verlos publicados en el periódico oficial y así lo disponen repetidas resoluciones y es de inconclusa práctica. Tampoco aplican las leyes en los juicios de que conocen, porque así se les ordene por las Cortes, sino por que son leyes. ni juzgan según las opiniones ó mandatos de sus superiores. Ejercen la misma jurisdicción que estos, aunque en distinto grado: juzgan con plena independencia y según su exclusivo juicio, del mismo modo que los Tribunales Superiores, en su respectiva instancia, y por eso stán sujetos á la responsabilidad de sus actos. Era, pues, imposible la responsabilidad á que el señor Presidente se refiere, desde que los jueces tendrían la misma atribución que el señor Presidente defiende, si la ley la reconociera para no cumplir las resoluciones que considerasen contrarias á la Constitución, sin que les sirviera de excusa haberlas cumplido, porque así lo mandase la Ilustrísima Corte. Y bien se comprende que el Fiscal no habla de los casos de apelación, en los cuales el juicio del Tribunal, ejerciendo la jurisdicción en su respectiva escala, puede ser distinto del emitido por el juez de 1o instancia, pudiendo suceder que así sea aún cuando el de éste fuese el acertado. El señor Presidete, recordando que su oficio de Mayo no contuvo las observacines que juzga como necesario haberse hecho á la nota del 11, afirma que el Tribunal consideró el protocolo como un acto incompleto, que necesitaba perfeccionarse por medio de la aprobación del Poder Legislativo. De desear habría sido que se atacase el fondo de la resolución del Gobierno, cuya aprobación en la forma que el señor Presidente quisiera haber visto, era algo mas que imposible, desde que el Congreso no había aprobado el protocolo. Para el Gobierno ese acto fué perfecto y acabado, y por serlo, lo comunicó á la Iltma. Corte, no como una Convención aprobada por el Congreso, sino por él; y afirmar que este acto no fué obedecido por la falta de la aprobación del Congreso, en la forma en que alude el señor Presidente, no es otra cosa que repetir la contestación que dió á la primera nota, es decir, no cumplo por la falta de la aprobación del Congreso. Tan inexacto cómo extraordinario habría sido que el Gobierno dijese: «Por cuanto el Congreso ha aprobado... mando su cumplimiento « como ley del Estado» cuando no es esta la forma en que el Gobierno imparte sus propias resoluciones.

Porque el artículo 1295 del Código de Enjuiciamientos dispone, que cuando el extranjero que ha muerto sin testamento no tenga parientes en la República, mande el juez que se depositen los bienes, bajo inventario y tasación, en el tesoro público, y que se haga saber al agente diplomático ó consular de la nación á que pertenecía el finado, para que, por su conducto, se avise á los herederos, á fin de que ocurran á usar de su derecho, y porque en los artículos de la Convención, declarados en vigencia, se reconocen en los Cónsules de Italia las mismas atribuciones que los nuestros pueden ejercer en aquel Reino; cree la Ilustrísima Corte que aquellos artículos menoscaban la jurisdicción de nuestros jueces, porque según el citado artículo 1295 es atribución del juez local mandar se depositen los bienes del extranjero que ha muerto intestado y sin lnerederos conocidos etc. Pero en estas diligencias de mera precaución y seguridad que deben practic rse con intervención del juez local, según el protocolo, no se excluye, or el contrario, se reconoce expresa y solemnemente la jurisdiccion de ese juez, y debe ser ejercitada á solicitud del mismo Cónsul ó de arte interesada. El depósito y la venta de los bienes para evitar su deterioro, son diligencias de una administración que en nada dañan ni menoscaban la jurisdicción nacional, que tampoco está excluída aún en estos actos cuando, conforme á nuestras leyes, se hiciera necesaria la intervención del juez local ó se pidiera su intervención por cualquiera que se creyera con derecho á los bienes. Y todas estas medidas de administración solo pueden ser ejercitadas sobre bienes en que no tenga interés el Estado ni los nacionales, ni los extranjeros residentes en él; porque desde que aparezca cualquiera, alegando derecho á ellos,

cesan las atribuciones que el protocolo reconoce en el Cónsul, el cual queda sujeto, sin reserva, y como mero administrador ó representante ó defensor de los herederos extranjeros que se hallan ausentes, á la jurisdicción del juez local como cualquiera de nuestros nacionales. Verdad es que el protocolo dá á los Cónsules de Italia, en aquellos casos, una intervención que no se encentra en el Código de Enjuiciamientos; pero esa intervención, además de estar reconocida en los Cónsules de las naciones cuyos tratados se hallan vigentes, á pesar de que no se encuentra en el Código;—no es estrictamente jurisdiccional y ménos puede tener lugar sobre bienes ó personas de la familia peruana.

Tambien es cierto que toda innovación que tenga relación ó contacto con las disposiciones de nuestros Códigos, imponen una ley que la establezca: pero la sagacidad del señor Presidente no se ha fijado ó no le pareció conveniente á su propósito, en la parte esencial del dictámen que combate, y que sirvió de fundamento para deducir las conclusiones á que se contrae el oficio del 14. Menos se ha fijado en que la innovación que teme se efectúe en nuestro Código por haberse declarado en vigencia los artículos XIV y XV de la Convención con Italia, no es ya para el Perú y sus Códigos una innovación sino un hecho consumado. Hace muchos años que el artículo 1295 fué innovado é innovado estaba ya cuando se expidió la resolución que declaró vigentes aquellos artículos. Tratados vigentes, de antigua data, de actual vigencia, y que son leyes para la República, contienen el reconocimiento de los Cónsules de las potencias que han contratado con el Perú, de las mismas atribuciones que la resolución reconoce, con reciprocidad, á los Cónsules de Italia. No es, pues, aquella resolución ni el protocolo lo que ha podido innovar las disposiciones de muestros Códigos.

Hay algo más: el Reglamento consular del Perú inviste á sus Cónsules de las mismas facultades reconocidas en el protocolo á los Cónsules de Italía. Al expedir aquel Reglamento se impuso el Gobierno, como representante de la Nación en sus relaciones con los otro Estados, la obligación de reconocer en los Cónsules de los gobiernos que los aceptase, las atribuciones que los nuestros deben ejercer en el territorio donde son enviados. No puede el Gobierno negar lo mismo que él ha resuelto que sus Cónsules practiquen en otros Estados. Ese Reglamento, sin embargo, no ha sido dado ni aprobado por el Congreso; y habiéndose expedido en ejercicio de la atribución 5o artículo 94 de la Constitución, tiene la misma fuerza obligatoria que cualquiera ley ó resolución legislativa. El protocolo no contiene en sustan

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