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viembre de 1878, se la acordado que las sentencias, en materia civil, expedidas en las IRepúblicas signatarias, se cumplirán por las autoridades nacionales, solicitándose su ejecución al Juez ó Tribunal de primera instancia del lugar en que han de cumplirse, que la decretará en reuniendo ciertos requisitos. La parte que se considere perjudicada por el auto del Juez del lugar de

la ejecución, puede interponer los recursos que la ley le prnita;

pero será polibida toda controversia que no se refiera á los requisitos puntualizados (artículos 40 al 43) Según el Tratado de Derecho Procesal, sancionado por el Congreso Internacional Sud-Americano el 11 de Enero de l SS), las sentencias dictadas en asuntos civiles y comerciales en uno de los Estados signatarios, tendrán en los territorios de los demás la misma fuerza que en el país en que se han pronunciado, bajo ciertas condiciones que se enumeran. El carácter ejecutivo ó de premio de las sentencias, y el juicio á que su cumplimiento dé lugar, serán los que determinen la ley de procedimientos del Estado en donde se pide la ejecución (artículos 5 al 7) Adviértase que entre los Tratados que se mencionan, el único en que se determina de una manera expresa la autoridad judicial ante quien deben entablarse las demandas de ejecución de los fallos expedidos por Tribunales extranjeros, es el que sancio. lmó el Congreso Americano de Jurisconsultos. Los demás, pasan por alto esa circunstancia, consagrando sin duda con su silencio, respecto al Perú, la jurisdicción de los Jueces de primera instancia para conocer de esas demandas, en ejercicio de las atribuciones generales que le competen conforme á nuestra legislación. Si en los convenios internacionales que tiene ajustados el Perú sobre los efectos extraterritoriales de las sentencias en materia civil. la establecido un procedimiento vario para revestirlas como acto previo con el sello de la jurisdicción nacional e imprimir la fuerza ejecutoria que su cumplimiento requiere; si nuestra legislación no la previsto siquierá la necesidad de el salchar en este orden las relaciones de Derecho Internacional l"rivado, fijando, á ejemplo de los ( ódigos no iernos, principios ó reglas generales que dirijan y uniformen los Tratados, se conprende que ha de procederse en distinta forma, según los casos que ocurran y las estipulaciones diversas que á cada uno sea aplicable. le aquí que no quepa juzgar la cuestión que motiva este dictámen, desde el punto de vista de la ley general de procedimien tos, para someter la calificación del fallo, cuyo cumplimiento se pide al Juez de primera instancia, como pretende la parte demandada, cuando su intervención está expresamente excluida por el Tratado con Italia, que, si al hablar en términos genéricos de los Tribunales locales en la primera parte de la cláusula 18° se ha referido á los Juzgados inferiores, no cabe lugar á duda que al hacer mención del Tribunal Superior en otra parte de la misma cláusula, confiriéndole jurisdicción para conocer en juicio sumario de la calificación de las sentencias pronunciadas por Magistrados italianos, no ha podido comprender bajo esa denominación específica, que arguye un orden superior en la jerarquía judicial, á los Jueces de primera instancia en el Perú.

Simplificados así los términos del problema, la dificultad estriba únicamente en saber si es US. I., ó la Corte Suprema, el Tribunal á quien compete conocer del juicio de que se trata. Revisando el Fiscal el Código de Procedimientos de Italia, se ha dado cuenta de que la cláusula que se analiza está calcada sobre el artículo 911 de dicho Código, según el cual incumbe declarar ejecutoriadas las sentencias expedidas por Tribunales extranjeros, á la Corte de Apelación en cuya jurisdicción deben ejecutarse, previo el juicio de calificación ó de deliberazione destinado á hacer constar las condiciones que se requieren para la ejecución, y son las mismas que reproduce textualmente el Protocolo.

Inspirado el convenio en la ley italiana, en cuanto se refiere á la ejecución de las sentencias extranjeras, hasta ser la cláusula 18* un trasunto de una de sus disposiciones, á ella debe ocurrirse como fuente segura de interpretación para descifrar el término dudoso que se ofrece. Si según el Código italiano compete al Tribunal de segunda instancia entender en el juicio de deliberación, la mente del Tratado, al conferir jurisdicción para ese mismo juicio, entre los Tribunales de cada Estado signatario, al Tribunal Superior, no pudo ser otra que designar al de Apelaciones en armonía con la disposición legal que al respecto lo informa. A haberse propuesto nombrará la Corte Suprema en el Perú y á las Cortes de Casación en Italia, lo habría hecho en términos de tal manera inequívocos, que fijasen, con toda precisión, este punto diferencial, para prevenir confusiones derivadas de la analogía entre el texto del Protocolo y el del Código; diferencia que, aún cuando se estimase sugerida por parte del Perú, no alcanzaría el Fiscal á explicarla con razones tan poderosas que indujeran á la otra parte á romper con la unidad de su legislación y á apartarse de la norma trazada en sus Códigos.

Por lo demás, aun cuando el Perú estuviera condenado á un régimen legal inaccesible á los efectos extraterritoriales de las sentencias pronunciadas en materia civil por Tribunales extranjeros, cuando el régimen contrario es ya un principio general que consagra el Derecho Internacional Privado, con algunas variam

tos (le aplicación, entiende este Ministerio que no cabría tratar la cuestión bajo el punto de vista del dictamen de fojas SS, porque la resuelve por completo el Tratado vigente Perú-Italiano.

En mérito de. las consideraciones expuestas, concluye opinando el Fiscal, porque US. I. es competente para conocer de la ilemanda (le fojas 76, y porque, en consecuencia, se declare sin lu— garla excepción «lejurisdicciún deducido. en los escritos (le fojas '78 y S].

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rraro y Compañía, en el escrito de fojas 7S, y mandaron que estos contesten el traslado conferido en providencia de fojas 77 vuelta; hágase saberá los señores Fiscales.

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De las piezas de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Savona—de Italia—con que se apareja la presente demanda de erequatur, se desprenden estos antecedentes jurídicos habiendo fallecido sin testamento, en dicha ciudad, Constantino Anselmo, el 23 de Abril de 1891, Ernesto, Silvio y Domingo Anselmo, hijos suyos y herederos, entablaron demania el 10 de Marzo de 1892 ante el Tribunal Civil de Savona, contra Juan Bautista Anselo, hijo también de Constantino, y contra Agustín Federico Ferraro, en su carácter de socios de la disuelta casa comercial de G. B. Anselmo y Co de Lima, reclamando el pago de la parte proporcional que les correspondía en la suma de 1726:11.45 liras, de que eran deudores solidarios á favor del finado, como saldo á su cargo de la cuenta corriente que éste había abierto en Savona desde el año 1SSl con la mencionada casa. Demandóse á l'erraro, no solo como socio de la extinguida casa, sino también como representante de la nueva A. F. Ferraro y C, raicada tambien en Lima, que se había hecho cargo del activo y pasivo de aquella. Personalmeñte citado Ferraro bajo ese doble caráter, en Génova. donde á la sazón se encontraba, con pareció ante el Tribunal y dedujo las excepciones de nulidad de la citación y de incompetencia de fuero, protestando además no deber nada á los actores por ningún título. Anselmo interpuso, por su parte, la misma excepción de incompetencia. alegan lo que la eía más de quince años se hallaba como domiciliado y residente en lima.»

Decidió el Tribunal las cuestioncs prejudiciales propuestas, por la resolución fecha 25 de ()ctubre de 1892, declarando su competencia para entender en la causa promovida por los hermanos Anselmo.

Interpuesta la alzada por los demandados, se confirmó la resolución en todas sus partes por la Corte de Génova, en acuerdo de 27 de Julio de 1893. Los fundamentos que motivan el fallo en ambas instancias pueden resumirse en estos términos: que aún cuando los demandados pretenden declinar la responsabililidad del crédito que se reclama en la casa A. F. Ferraro y C°, que representa Agustín Federico Ferraro, por lhaberse hecho cargo del activo y pasivo de la extinguida firma G. B. Anselmo y C°, de la cual fueron socios, con responsabilidad solidaria, el misno Ferrari y Juan Bautista Anselmo, la disolución de esta última sociedad, si obsta para que se entiendan con ella los hermanos Anselmo lajo su caracter de persona moral, no ha sido parte á romper los vínculos jurídicos directos que establece ese hecho entre los demandados y los demandantes, deduciéndose de ahí la responsabilidad mancomunada que trata de hacerse efectiva demandándolos personalmente, y, además, á Ferraro en reresentación de la nueva firma social, responsable de las obligaciones pendientes de la que feneció; que la cuenta corriente de donde procede el crédito que se demanda se abrió en Savona, ahí se desconaron las letras y tomaron las mercaderías á cuenta de la casa correntista, y ahí debía realizar J. B. Anselmo los pagos de las obligaciones contraídas á favor de Constantino Anselmo, lo que determina la competencia del Tribunal del lugar del contrato, en conformidad al artícnlo 91 del Código de Procedimientos Civil, cumplido el requisito que para ello se exige, de la Citación personal; que aunque la casa de A. Ferraro y Co está radicada en Lima, donde ha fijado tanbién su domicilio y reside Agustín Federico Ferraro, la citación de J. B. Anselmo en Savona, en que está domiciliado, como consta de comprobantes incentestables, establece, por ministro de la ley. la competencia del Tribunal respccto á letraro, por la conexión de título que media entre las responsabilidades de ambos, según el artículo 9S del mismo Código, que estatuye que cuando la acción se dirija contra personas sometidas distintas autoridades judiciales, podrá ser competente la del domicilio ó resilencia de cualquiera de los demandados si existiera conexión por el objeto de la demanla ó por el título» ó hecho de que dependa.»

Definida así la competencia del Tibunal de Savona, falló la causa condenando solidariamente á l'erraro y J. B. Anselmo, como asociados de la disuelta casa C. l. Anselmo y C, y demás, á la casa A. F. Ferraro y C”, residente en Savona, á «pagar», á cada uno de los demandantes como cuota hereditaria de la sexta parte del crédito demanado, la suma de 2,75820 liras con los intereses comerciales desde cl lo de Encro de 1895 y las costas del juicio.

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