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En la Convención Perú-Italiana no se encuentra concedido á los Cónsules de Italia, ni tampoco renunciada por el Perú, la jurisdicción nacional para que conozcan de los delitos y crímenes que se cometan á bordo de los buques mercantes, anclados en las aguas pertenecientes al territorio de la República.—Luego no se debe reconocer en el Consulado « la facultad de adminis«trar justicia en materia criminal que, por leyes expresas, co«rresponde exclusivamente á los juzgados y tribunales de la República. J) Por no haberse copiado de la exposición del señor Ministro de Relaciones Exteriores la parte que, del artículo 17 de la Convención Perú-Italiana, expresa cuáles son las facultades acordadas á los Cónsules, será permitido al Fiscal trascribir lo que se refiere á estos, así como también á las autoridades locales, cuyas atribuciones permanentes no se restringen sino con relación á las atribuciones concedidas á los primeros. «Los Cónsules Generales, (dice el artículo 17)—Cónsules, Vice« Cónsules y Delegados ó Agentes consulares, conocerán exclusiva« mente del órden ópolicia interior de los buques mercantes de « sus respectivas naciones, y resolverán las controversias ó dife«rencias existentes, entre los capitanes, oficiales y marineros, es«pecialmente cuando se refieren á sus contratos. » « Las autoridades locales no podrán intervenir, á ménos que « ocurran á bordo de los mencionados buques, desórdenes que « perturben la tranquilidad ó el órden público en tierra ó en el «puerto: intervendrán también cuando se haya ingerido en aque« llas disensiones alguna persona del lugar, ó que no pertenezca « á la tripulación. » « En los demás casos, las autoridades territoriales se limitarán «á auxiliar eficazmente á los Agentes Consulares, si estos la re« quieren para hacer arrestar ó detener en la cárcel á cualquier · individuo perteneciente á la tripulación. » Puede el Consulado, segun este artículo, conocer del órden interior ópolicía interior de los buques mercantes: puede resolver controversias ó diferencias entre las gentes de la tripulación, especialmente sobre sus contratos y salarios; pero no puede, porque no se le ha concedido, conocer de delitos y crímenes, como el de asesinatos por la espalda con cinco puñaladas. Si las autoridades locales no deben intervenir, es y se entiende claramente en aquellos casos adjudicados en la cláusula anterior á la autoridad consular. Posible sería tal vez alucinarse de pronto leyendo, aisladamente, como si fuesen únicas, las dos últimas cláusulas restrictivas de la autoridad local; porque su forma negativa, si no hubiese mas que esas cláusulas, podría quizá dar motivo á presumir que significaban una prohibición absoluta. Por esto ha sido necesario copiar también la cláusula anterior en que, designadas expresamente las facultades consulares, se advierte que, en solo garantía de esas facultades y para que no sean perturbadas, se ha restringido, en cuanto se refiera á ellas, la potestad local. Además, entre el matador y la víctima que muere, no queda posible ninguna controversia ni diferencia: ¿cómo se explicaría entónces la facultad consular de resolver diferencias y controversias entre el capitán, los oficiales y marineros? Las palabras: órden ópolicia interior del buque; y las otras, especialmente de contratos y salarios, revela que las facultades concedidas se limitan á lo económico, administrativo correccional y civil. En la duda, si la hubiese, sería forzoso estar por el principio de soberanía jurisdiccional, que es propio y permanente, y no por la excepcion que solo alcanza á lo que conste haberse concedido de quella soberanía. Para que sea mas palpable que no se ha concedido al Consulado la facultad de conocer en los casos de asesinatos, véase la Ordenanza consular de la República de 14 Diciembre de 1863, firmada siete meses despues de celebrarse la Convención consular, y diez meses ántes de su ratificación. Por el artículo 54, los Cónsules intervienen y arreglan, del mejor modo posible, las diferencias entre los individuos de la tripulación de los buques mercantes; por el 55 reprimen las faltas de policia internor, que se cometieron á bordo de dichos buques; pero si su autoridad no bastase y las faltas amenazasen la seguridad del buque ó la vida de individuos de la tripulacion, solicitará el auxilio de las autoridades locales á quienes corresponde desde entónces el castigo de los ofensores.

No admite, pues, el Perú para sus Cónsules otra jurisdiccion, que para diferencias civiles, y para penas correccionales por falta de policia interior. Mas, desde que la vida está amenazada, y con mayor razón cuando se ha consumado un asesinato con cinco puñaladas por la espalda, en cuyo caso tras la pérdida de la vida de la víctima, hay otra vida amenazada por la terrible que fulmina el inc. 2o art. 232 del Código Penal; ya entónces no basta la jurisdiccion sobre faltas, porque los crímenes requieren otra clase de autoridad, y esa autoridad es la del lugar donde se comete el crimen. ¿Sería dable dudar que el Perú, que no quiere para sus Cónsules juridicción penal en los crímenes, haya podido tener la intención de concederla tácitamente á los Cónsules extranjeros, sin guardar siquiera las reglas de reciprocidad? El Perú que acata la soberanía agena, ¿habrá descudado la propia hasta el abandono?

Hay mas: la República está en posesión del derecho de soberanía jurisdiccional y territorial, en los casos de crímenes cometidos á bordo de los buques extranjeros mercantes, anclados en aguas peruanas ¿Cómo puede privársele de esta posesión, ni resolverse gubernativamente contra la soberanía nacional, aun suponiendo que hubiese dudas ó necesidad de interpretación, sino se ha dado ninguna ley, ni directamente, ni celebrado con la aprobación constituida del Congreso (art. 59 inc. 16), una Convención explicatoria; asi como se hizo en 4 de Julio de 1857, despues de oirá este ministerio, para aclarar la inteligencia del art. 12 del Tratado con Estados Unidos, relativo á las mercaderías que podían desembarcar y vender los buques balleneros?

Por tener con el imperio francés, tanto el Perú cono la Italia, una estipulación casi idéntica á la del art. 17 de la Convención Perú–Italiana, ha sido conveniente examinar la doctrina francesa desde el voto que dió el Consejo de Estado en 20 de Noviembre de 1806, á fin de conocer con más claridad: 1o si están incluidos los delitos y los crímenes, en la cláusula desórdenes que ocurran á bordo, entre las gentes de la misma tripulación del buque mercante, cuyo conocimiento es de la jurisdicción consular; y 2o cuáles sean los desórdenes que perturben la tranquilidad ó el órden público en tierra ó en el puerto, pues entónces deben intervenir las autoridades locales.

El fiscal ha sostenido y sostiene:

1o Que no siendo sinónimos los desórdenes ó los crímenes, no debe ni puede interpretarse crímenes donde dice desórdenes, los cuales se refieren á la disciplina interior del buque; 2o Que los crímenes perturban esencialmente el órden público del puerto; y corresponde su conocimiento á la autoridad local, aún cuando se hubiesen cometido á bordo del buque mercante solo por su tripulación, según lo declaró el 25 de Febrero de 1859 la Corte Suprema del mismo Imperio francés, que es el órgano más autorizado de su jurisprudencia; 3o Que también así lo han entendido y practicado, entre otras potencias, los Estados Unidos, la Inglaterra y la Rusia que desconocen jurisdicción penal en los Cónsules; y 4o Que, como decía Wheaton, refiriéndose á una decisión de la Corte Suprema federal, peligraría el buen órden de la sociedad y la dignidad del Gobierno, sin ventaja para los intereses del soberano extranjero, en el caso de que se adoptase por regla que los buques mercantes quedaban sustraídos á la jurisdicción del país en cuyas aguas estaban.

De la exposición del señor Ministro de Relaciones Exteriores, resulta: 1o Que los crímenes están inclusos en los desórdenes, supuesto que fueron casos de delitos en los que que emitió su parecer el Consejo de Estado de 1806; eran delitos y crímenes, de los que se mandaba conocer á los Cónsules por la Ordenanza de 29 de Octubre de 1833, y fué de envenenamiento el caso del buque sueco «Forsattning, en que inhibió el magistrado erritorial M. Hello en 1837 después de haber consultado al gobierno francés. 2o Que siendo objeto de la justicia penal restablecer el órden, el cual no se perturba en el puerto sino á bordo con los delitos cometidos en el interior del buque, no puede interesar al Perú la jurisdicción disputada, sino al Estado del Cónsul, cuyas funciones no debe impedir la autoridad lcal mientras no sea positivamente perturbado el órden del país, y que no es tampoco aplicable el caso del buque «Tempest» resuelto por la Corte de Casación de Francia; porque el acápite citado por el Fiscal se ha tomado aisladamente; porque ese acápite es apenas un considerando, entre otros, cuyo conjunto es menester apreciar; porque los principales fundamentos de esa sentencia on la grave alteración de la tranquilidad en el puerto y la intervención pedida á las autoridades locales; porque si es verdad que esa sentencia habla de crímenes, y de jurisdicción sobre todas las partes del territorio, allí se agrega la frase—«Siempre que el interés del Estado de que el puerto hace parte, se encuentre comprometido, ó de que haya peligro para el buen órden y dignidad del Gobierno»; por manera que, la Corte de Casación y el Consejo de Estado están de acuerdo en que si faltan en el crímen, como han faltado en el caso de la Rondanini, las circunstancias de perturbación del órden en el puerto, y la petición de auxilio á la autoridad local, ésta no debe intervenir, ni el Fiscal puede comprobar su doctrina con la sentencia de la Corte de Casación. 3o Que todos los tratados y convenciones de Francia y los casos ocurridos que cita, prueban y contienen la jurisdicción consular; que Rusia ha sido variable, pero que también ha celebrada Convenciones en sentido contrario; que Inglaterra ha sido antagonista, y ha tenido otros intereses; sin embargo de lo cual en el caso del Creole, no prevaleció la doctrina de la jurisdicción territorial; que es terminante el artículo 8o de la Convención entre Francia y los Estados Unidos, confirmado con los dos casos que se refieren; y que allí en los Estados Unidos, es también, como en Francia, doctrina corriente, que los delitos cometidos á bordo de un buque extranjero, entre gentes de la tripulación, no son justiciables por las autoridades locales sino cuando se haya turbado la tranquilidad del puerto; y 4o Que los buques mercantes extranjeros, si no gozan de todos los privilegios de la exterritorialidad, su situación es intermediaria, como dice Ortolan; que si están sometidos á las leyes y á las autoridades del puerto, es solo en parte, según los objetos, bajo de restricciones esenciales y con ciertas condiciones; y que no es atendible la opinion de Wheaton, citada por el Fiscal, porque aquel ilustre publicista la modificó posteriormente en la Revista francesa y extranjera. --- · Sólo una cosa falta en la esmerada exposición del señor Ministro de Relaciones Exteriores; no se dice que exista Tratado alguno entre las potencias civilizadas, en que se hubiese estipulado precisamente que los Cónsules tendrían jurisdicción penal, ó que las autoridades territoriales no ejercerían su jurisdicción nacional en los casos de crímenes cometidos á bordo de los buques mercantes extranjeros. Pero no se citaron, porque no los hay, sino para los Estados berberiscos ú otros semejantes. Sobre argumentos é inducciones, cualquiera que sea su mérito, no se puede establecer la trasmisión de una parte de la jurisdicción nacional á los Cónsules extrajeros. Las Convenciones consulares tienen por objeto determinar con claridad y precisión las facultades que los Cónsules pueden ejercer —El artículo 24 del último Tratado entre el Perú y Cerdeña, decía:—«Las altas «partes contratantes convienen en estipular, tan pronto como les « convenga, una Convención Consular, en la cual se declaren espe«cialmente las facultades é inmunidades de los Cónsules .. ...... de « cada una de dichas partes contratantes en el territorio de la « otra.» Celebrada esa Convención, en cuyo artículo 17 se concede á los Cónsules la facultad de conocer de los desórdenes que ocurran en el interior del buque, no hay razón alguna para que permita atribuirles la facultad de conocer de los crímenes que se co metan. Del derecho francés no se deduce ni aún la interpretación que se emplea para hacerlos sinónimos. El artículo 1o del Código Penal del Imperio, distingue y clasifica los crímenes, los delitos y las contrasenciones. La infracción que las leyes castigan con pena aflictiva ó infamante es un crímen; la infracción que castigan con penas correccionales, es un delito; y la infracción que castigan con penas de policía es una contravención. El parecer del Consejo de Estado del año de 1806 no habló de crímenes; sólo se refirió á los delitos en uno de sus considerandos; y no á toda clase de delitos, sino á aquellos que puedan caber en la disciplina interior de un buque. Es además notable, y concluyente, que no haya llegado á introducirse en ninguna Convención posterior á esa fecha ni aún los delitos que el Consejo de Estado consideró comprensibles en la jurisdicción consular. Aunque en el artículo 22 de la Ordenanza de 1833 se mandaba á las Cónsules franceses que, en los casos de delitos y críme

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