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Esa sentencia, confirmada por la Corte de Génova, en apelación interpuesta por el Procurador de Ferraro, es la que IDomingo E. Anselmo ha sometido á la consideración de US. I., pidiendo que se sirva declarar la ejecutoria para que sea ejecutada en el Perú, donde están domiciliados Agustín Federico Ferraro y la casa A. F. Ferraro y C, en cumplimiento de la cláusula 18* del Tratado con Italia, en que se estipula que «las sentencias y ordenanzas en materia civil y comercial emanadas de los Tribubales de una de las partes contratantes y debidamente legalizadas, tendrán, á solicitud de los Tribunales mismos, en los Estados de la otra parte, la misma fuerza que las cmanadas de los Tribunales locales, y serán recíprocamente cumplidas y producirán los mismos efectos hipotecarios sobre aquellos bienes sujetos á esta, según las leyes del país, y serán observadas las disposiciones de las mismas leyes respecto á la inscripción y á las otras formalidades. Para que puedan cumplirse estas sentencias y ordenanzas deberán ser préviamente declaradas ejecutoriadas por el Tribunal Superior en cuya jurisdicción ó territorio deba tener lugar la ejecución, mediante un juicio de deliberación en el que, oídas las partes en la forma sumaria, se examine:

1o Si la sentencia ha sido pronunciada por la autoridad judicial competente;

2o Si ha sido pronunciada citadas regularmente las partes;

3o Si las partes han sido regularmente representadas ó legalmente contulmaces;

4? Si la sentencia contiene disposiciones contra el órden público ó el Derecho Público del Estado.»

Y habiéndose ya resuelto que compete á U.S. I. entender en el juicio promovido de deliberación al decidir la excepción declimatoria interpuesta por Anselmo, es llegado el caso de fallar la instancia, calificando la ejecutoria de que se trata, no en cuanto á su mérito intrínseco, ó al fondo del litigio en que se ha pronunciado, sino des le el punto de vista de las condiciones que se requieren conforme á la cláusula preinserta, para que las sentencias emanadas de los Tribunales de Italia aparejen en el l'erú fuerza ejecutoria, condiciones protectoras de los fueros de la soberanía nacional y del derecho público de los Estados, lo mismo que de los intereses en juicio de los extranjeros; puesto que ante una estipulación vigente, que es la ley, sería ocioso ocuparse en la cuestión que actualmente se controvierte en el campo de la doctrina y de la jurisprudencia, sobre la eficacia extraterrito. rial de los fallos judiciales, en el cual gana terreno el espíritu liberal en su tendencia de asimilación, por comunidad de leyes y de instituciones, entre los nacionales y los extranjeros en lo que atañe á la vida civil.

La primera y primordial condición que debe satisfacer la ejecutoria pnru los efectos del 'l‘ratado, es la competencia del Tribunal scntencludor. Pero ¿por que criterio ha de juzgarse de esa competencia? Fl Protocolo lm plnnteitdo lu cuestión; más no la resuelvo. Es preciso, pues, deeidirlu ocurriendo á- otros fuentes lel Derecho Internacional, puesto que no se trata de lu competencia iner-ainente. territorial, ó del órden «lomC-stico que se rige por luq lefixjcs dc onda Estado, sino de lo. competencia aplicada nl

juzk-gnnicntl) de relaciones jurídicas entre personas sometidas

soberunizis ilistinms, sujetas por consiguiente principios de mayor izlczincc, que conviene lijar, ya que ni siquiera se establecen en nutstros Códigos, sino para impoxierlos, por lo menos para lijar la (loctrinn legal en punto de tanta trascendencia.

No están dc zicucrclo los trutarlistas, ni la jurisprudencia, sobr ul ¡viincipirí uplieidlc zi la culilicncióil de, 1:1 coznlmtenein de los Tribunales pziro la. eticáein extrnterritorinl de sm fullos._ Stigún unos, (lcbeu ser competentes con arreglo á los leyes del país donde si; pronumzió lo sentencia y zi las de aquel donde ileben ejc— truturse. Según otros, basto, que lo sean conforme :1 la legislación del lugar de donde procetle el fallo; y hay quienes proclamen, por el contrario, lo. del lugzir de lo. ejecución. Si el primero de dichos sistemas peca de excesivo rigoriÏsmo, rindiendo exugeiudo culto al principio de lu soberanía nacional, hasta restringir á muy estrechos limit‘); cl mïnpo de nplicuc-iói] extrnterritorial de los sentencias y,-poi' consiguiente, el de los beneficios que ella, aporta il la lntlllconlllllldtlrl intereses de la. vida civil, se resienten los últimos de la tendencia contraria, en pugna con los dera/chos imilie11:il)le3 del Estado, que no se eomimiloccn con ol cxcliisivi) predominio de lu legislación territorial en ol régimen «le lth‘ i"3lí1('l()1\€5' intemncioiizllcs. «Lil, cuestión de jurisdicción con arreglo nl Ikreelio Internacional, dice Fiore, no puede l'CS‘Í)l'\'L‘.l‘FC de conformidad (01 ln ley interior de un Estado; porque no puili-einlo unai soberuiiizi lijar y proclaman‘ con sus leyes lo; principios del Derecho lnteritzicionnl, no ¡iucile tampoco estnl)le"c:e1'lus reglas de jurisdiccitiii correspondientes. Cuando se trata (le ¿leeiilir si 1:1 ‘¡kiera/tale ("Ï1f/‘IIUUW‘(‘?)db' ct ifcrídcizrli causwnz debo utrilniirse ri los Tribunales itnliaiios, (i. los frmicesca á los españoles Ó (L lol; ¡le otro listado, es estn una verdadera cuestión do‘: Dererlu) llllt"Fll:l("l0lI?.l, ponpie presupone un eonllicti) entre los dereitlzos c:imwsirondicntcs ú (livermis sobr-i-uiiíus, y es claro que no ¡mode ser resuelta en virtud do unn ley interior» ’

Pllgllall contra la (loctriint que con tanto acierto sustenta el notable profesor (lc 1:1 Ul]lVCl'Sl(la(1 dc Pisa, usi Anselmo, queiih vocn la legislación de Italia para decidir la competcnczio .10 los

Tribunales que entendieron en el litigio de que se trata, como Ferraro que se acoge al Derecho peruano, situando ambos la

cuestión dentro de términos de tal maner. eontrapuestos y antagónicos, que resultaría impotente para dirimir el eonflicto la autoridad del Derecho Internacional, á despecho de sus eánones y de sus fórmulas de justicia y equidad, generalmente consagra

dos en la teoría y en la práctica por los países mas adelantados en el camino de la civilización, en cuyas instituciones se encarna cada vez mas hondamente el principio de la cemunidad internacional, que proclama como una de las más elevadas misiones que cumplen á los Estados, la protección del derecho y del

órden jurídico en las mútuas relaciones de los pueblos, dentro de

la cual se impone, en principio, el respeto á los fallos judiciales

considerados como fuente de derecho, donde quiera que se hayan

pronunciado, por la misma razón que el respeto debido á las le

yes extranjeras y á los actos fundados en las mismas, como los

matrimonios, las transacciones comerciales, etc. ya que la identidad de las nociones jurídicas que sirven de base en todas par

tes á las leyes civiles, puede decirse que ha convertido en instituciones de carácter internacional los derechos fundamentales del ciudadano, como el de familia, el de propiedad, atento el pa

pel que desempeñan en las relaciones generales.

Los conceptos siguientes son de uno de los más entusiastas defensores de esa doctrina, F. de Martens: «La comunidad internacional es el único terreno verdadero y positivo sobre el cual puede el Derecho Internacional Privado desarrollarse, y donde se pueden resolver las cuestiones complicadas y árduas relativas á la aplicación de las leyes de los diversos países.

«Si se atiende exclusivamente á la soberanía de los Estados, no es posible salir del laberinto de contradicciones que de la diversidad de legislaciones resulta. Mantener rigurosamente los derechos de esa soberanía, sería tanto como paralizar el desarrollo de las transacciones particulares entre los súbditos de todos los Estados.

«Supongamos que un Gobierno preseriba á los Tribunales la exclusiva aplicación de las leyes del país, sin tener en cuenta para nada las leyes extranjeras. Las consecuencias de disposición semejante lesionarían sobre todo á los particulares. El derecho de propiedad legalmente adquirido en otro país perdería su carácter legal en dicho Estado. Toda obligación contraída con arreglo á las leyes extranjeras, carecería de la protección judicial en el lugar del cumplimiento, siempre que dichas leyes difiriesen de las territoriales. Los demás Gobiernos, acudiendo á las represalías, seguirían sin duda una línea de conducta análo

ga á la del Estado que hemos supuesto. Las sentencias dictadas por los Tribunales de este Estado no producirían efecto alguno fuera de las fronteras. La parte que hubiese perdido el pleito, podría comenzarlo de nuevo en otro país, sin que la parte contraria pudiera hacer valer la rcsjudicata, dado que el primer fallo no tendría en territorio extranjero el valor de una sentencia judicial.

«La aplicación rigurosa del principio de soberanía origina, como resultado general, la destrucción del Derecho y la más completa anarquía en la esfera de las relaciones internacionales. Se— mejante situación, claro es que no sería favorable ni á los Estados ani á los súbditos.»

Pero si bien se considera, es ‘más aparente que real el conflicto sometido al fallo de US. I. Inspiradas en los mismos principios fundamentales las reglas de competencia de los Tribunales del Perú y de Italia, las diferencias de detalle no han debido acarrear dificultades que no pudieran zanjarse armonizando las disposiciones varias de cada legislación, bajo un concepto acorde con esos principios. Antes de intentar la solución en esta vía, es preciso deslindar la doble representación jurídica con que Ferrero interviene en el proceso actuado en Italia, como socio de la antiguo casa comercial G. B. Anselmo y Cl‘, y como representante de la de A. la‘. Ferrero y C9, á fin de apreciarla separadamente, en si misma, y en sus efectos legales, desde el punto de vista que le sea peculiar.

Como consocio dc Juan Bautista Anselmo en la casa G. B. Anselmo y C9, hubo de resultarle ó, Ferraro una responsabilidad «lirexrtsa y solidaria por todas las obligaciones de la sociedad pen(licntrs cuando se disolvió. Estirnándose como una de ellas el all-lo deudor de la cuenta corriente ¿ibierta entre Constantino Állhclnlí) y la casa, fueron demandados ambos socios para satisfacer la deuda. Que osa cuenta se abrió en Savona, lugar del domicilio del acreedor, parece que es indudable, no sólo porque ninguno de los demandados puso reparo alguno á. ese hecho que los demandantes adujeron en juicio, en apoyo de su acción entablada, sino también porque esa abstención implica un asentimiento tácito, tanto más significativo, cuanto que al resolverse‘, desecliándola, la excepción de incompetencia, se alegó el mismo hecho como uno de los principales fundamentos del auto.

Esto entendido, si el acto de donde deriva la obligación demandada se realizó en Savona, resulta incontestable la competencia del Tribunal que falló la causa en primera instancia; por que la confiere el articulo 91 del Código de Procedimientos Civil de Italia, prcscribiendo que «en los juicios en que se ejerciten ac

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ciones personales ó reales sobre bienes muebles, será juez competente el del lugar en que se contrajo ó deba cumplirse la obligación, siempre que el demandado fuere allí citado personalmente.» Según los artículos 105 y 106 del mismo Código: «los extranjeros no residentes en Italia podrán ser demandados ante los jueces del Reino, aunque no se encontraran en él, tratándose de obligaciones derivadas de contratos ó hechos verificados ó que deban ejecutarse en Italia. Podrán además ser demandados ante las mismas autoridades por obligaciones contraídas fuera del Reino, si se encontraren en él, aunque no tuviesen residencia, siempre que fueren personalmente citados.»

Si la jurisdicción de los Tribunales peruanos no se ejercita en una esfera tan vasta como la de los italianos, eso no obstante, las reglas que marcan sus límites, justifican ampliamente la. competencia del Tribunal de Savona en la causa promovida contra los socios de la disuelta casa G. B Anselmo y C9“, ya porque según los artículos 132 y 81, inciso 49, del Código de Enjuiciamientos Civil, es competente el Juez del lugar donde se obligó el demandado ó que se designó para el cumplimiento de las obligaciones; ya porque en conformidad al artículo 38 del Código Civil, «el extranjero que se halla en el Perú, aunque no sea domiciliado, puede ser obligado al cumplimiento de los contratos celebrados con peruanos aún en país extranjero,» con tanta mayor razón si todos los contratantes fuesen peruanos y mayor todavía, si cabe, cuando el contrato se celebrase en el Perú. ¿Son competentes los jueces del Perú para entender en las relaciones jurídicas provenientes de contratos celebrados en el Perú entre peruanos, aún cuando la parte demandada, que hallándose presente en el Perú, fue personalmente citada, haya fijado su residencia ó domicilio en Italia? La contestación á esta pregunta, que no puede dejar de ser afirmativa en concepto de las disposiciones citadas de las leyes peruanas, encierra la solución del conflicto á favor de la competencia del Tribunal sentenciador, justificada, á la. par, por el Derecho Peruano y el Italiano; y US. I. no podría desconocerla bajo el punto de vista de la reputación de Ferraro, que se analiza, sin menoscabar de rechazo la autoridad de la legislación patria invocada como criterio para la inteligencia y efectos de una de las estipulaciones del Tratado con Italia, desestimando en el caso que ocurre las reglas de jurisdicción que ella misma consagra.

Ahora, viniendo á la otra faz del conflicto, cambia, por entero, la situación jurídica de Ferrero. Ya no es Ferraro el responsable directo y mancomunado de las obligaciones pendientes de la extinguida casa G. B. Anselmo y C9, ni el hecho de donde deri

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