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Décimo ser lo: que no aceptándose la competencia de los Tribunales del Reino de Italia para pronunciar las sentencias cuya ento i se solii es i fi ocars de ls s ntos indicados en el Tratado, por carecer estas del requisito primero y principal. •

Por tales fundamentos: declararon que, conforme el Tratado vigente, no se halla expedito el exequatur para la ejecución de la sentencia del Tribunal Civil de Savona, de 22 y 24 de Abril de 1896, pronunciada en el juicio de los hermanos Domingo, Ermesto y Silvio Anselmo contra A. F. Ferraro por sí y en representación de A. F. Ferraro y Co de Lima, confirmada por la Corte de Apelación de Génova en 17 y 25 deAgosto del mismo año, reintegrándose el papel.

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Señor Ministro: En el juicio de deliberación por la ejecutoriedad de una se tencia italiana,á que se refiere mi nota de 12 de Mayo próximo O * -- pasado, No 10, la Corte Superior de esta capital, después de cinco meses desde el comienzo del juicio, y á pesar de que éste de

bía ser sumario, dictó el 9 de los corrientes su fallo, relusando, el exequátur.

Contra esta sentencia, que ha sido publicada en varios periódicos de esta capital, el demandante don Domingo Anselm, por sí y por sus cointeresados, se presentó á la Iltima. Corte Superior, pidiendo se le admitiese el recurso de nulidad ante "la Excma. Corte Suprema; pero esto no le fué concedido por la ltima. Corte, en la opinio: de que, según el mismo tratado, á cuya virtud había sido presentada la demanda del crequir é instituido el respectivo juicio de deliberación, su faío tenía que ser definitivo, y el aludido recurso jurídico debía desecha

se, por no estar mencionado en dicho pacto internacional. Y colo sta interpretación sería contraria, según el señor Anselmo y (según parecetambién á esta Legación) á la misma legislatón del Perú; como está, efectivamente, en pugna con la constante interpretación que por la jurisprudencia italiana se ha dado al artículo 92 del Código de Procedimientos en materia Civil del Reino (de que es fiel repreducción el artículo 18 del Tratado), por haberse siempre admitido en Italia el recurso á la Corte de Casación, én los fallos recaídos en los juicios de deliberación, el señor Anselmo, creyéndose con derecho para interponer una quja de hecho, pidió copia de su recurso y de la denegatoria de la C rte Superior, lo que le fué también rehusado. Dirigiós, pues, dicho señor á esta Legación, á mérito de la denegatoria de justicia, que, según él, entrañan las aludidas providencias de la Iltma. Corte Superior, solicitando la comunicación á V. E. de sus protestas y consiguientes reservas para los efectos de derecho; al paso que ha presentado á la Ecxima. Corte Suprema una querella formal ó queja de hecho, en la esperanza «le que el Tribunal Supremo se digne anular las resoluciones de que se queja. Tanto el interes particular del señor Anselmo y de sus repre-enta los, cuanto por la trascendencia que pueie tener la últi a palabra de la magistratura peruana, en este primer caso de la aplicación en el Perú del citado artículo 18 del Tratado de l 874, creo cnveniente llevar lo que precede á conocimiento de V. E, y me permito adjuntar á la presente: lo la sentecia de la Corte Superior, negando el excequátur á la aludida sentencia italiana, por supuesta falta de competencia de los Tribunales italianos en el asunto. 2 copia sucesiva de los escritos de Anselmo y de los respectivos de cetos denegatorios. 3o copia de la quja de hecho que ha sido presentada esa mañana á la ("orte Suprema. Rogando á W. E. se digne avisarme recibo de la presente, aprovecho la oportunida l para reiterarle, señor Ministro, las seguridades de mi alta consideración.

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Castelli.

A. S. E. el señor doctor don Enrique de la Riva-Agüero, Ministro de Relaciones Exteriores.

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He tenido ei honor de recibir la estimabie comunicación do: VS. H., fechada. el 21 (ici corriente, por ia que se sirve participarmc,adjui1tánd0me copia delas piezas pertinentes, ias últimas resoluciones que ha expedido la. Iitmu. Corte Superior (ic este Distrito Judicial en el juicio que sigue el señor Anselmo, para ia ejecución de una, sentencia expedida en Italia. He mauifiesturVS. II. que así lo hace á petición del interesado 1.‘ por ia trascendencia que ¡male tener la úitima paiahm de iu magistratum ¡»emana en este [Jrimer caso de la la ejecución, eutre nosotros, deio estipulado en el artículo lfidel {lacto dc 1874, vigente con Italia. ‘

En respuesta, cúmpienle decir á VS. fl. que, tratándose de 11h r litigio entre partes, pendiente de la discusión de miestros Tribunales, en cuyo. justificación y luces confía el Gobierno peruano. para no temer una violación de esc pacto, que es ley de la Re? pública, no lc es posible á esta Cancillería hacer otra (30511, pote‘. momento, que avisará VS. H. recibo de su citada comunicoción y copias anexas, como VS. H. mismo se ha servido insi- 2 num-io.

Renuevo á VS. H. las seguridades de mi distinguida oonside- 1 ración.

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Al Honorable señor Comendador Pietro (Jastelii, Ministro Resi (lente de Italia.

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i INFORME m; LA con“: SUPERIOR i Excmo. Señor: i . , i La deferencia y el respeto que a esa. Excma. Corte Supremmi debe este Superior Tribunai, le determinan á hacer este informe,

que no se cree obligado á absolver en conformidad con las disposiciones legales; pues tratándose de un asunto que es de su única y exclusiva competencia, no cabe la sustanciación de esta queja de hecho, cuando no ha lugará recurso alguno ordinario, ni extraordinario. Como V. E. sabe, hasta hace muy pocos años, en materia de cumplimiento de ejecutorias, pronunciadas en país extranjero, era generalmente aceptada y adoptada por todas las naciones cultas, la doctrina francesa de Derecho Internncional Privado, consignada en la primera parte del artículo 121 de la Ordenanza de 15 de Enero de 1629 que textualmente dice: “Las ejecutorias, contratos y obligaciones procedentes de los reinos y soberanías extranjeras, cualquiera que sea su objeto no causarán hipoteca ni ejecucion en Francia.” Ha sido en estos últimos tiempos que se ha introducido en algunas de las Legislaciones modernas, ciertos principios de liberalidad requeridos por la frecuente éíntima comunicación de los diversos pueblos; y, muy especialmente exigidos, para la mayor facilidad y desarrollo de sus relaciones comerciales. Estos principios que tienen la tendencia de conceder autoridad extraterritorial á ciertas leyes, no se han adoptado ni se adoptan sino con la debida prudencia; y, al aplicarlos, se observa en la práctica la mayor mesura y discrecion en guarda de la autonomía nacional, para evitar el que sean vulnerados los derechos inherentes á la soberanía. En nuestra Legislación nacional domina la antigua doctrina en toda su fuerza y vigor, de manera que en nuestras leyes, mo hay una sola disposicion que siquiera trate del cumplimiento en nuestro territorio de las sentencias pronunciadas en pais extranjero. Lo único que existe á este respecto es la estipulacion contenida en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion de 23 de Diciembre de 1874, vigente entre el Perú é Italia, que literalmente dice: “Artículo 18. Las sentencias y ordenanzas en mate“rial civil y comercial emanadas de los Tribunales de una de “las partes contratantes y debidamente legalizadas, tendrán á “solicitud de los Tribunales mismos en los Estados de la otra *parte, la misma fuerza que las emanadas de los Tribunales io“cales y serán recíprocamente cumplidas y producirán los mis“mos efectos hipotecarios sobre aquellos bienes sujetos á ésta, “según las leyes del país; y serán observadas las disposiciones “de las mismas leyes, respecto a la inscripcion y á las otras for“malidades.” “Para que puedan cumplirse estas sentencias y ordenanzas debe“rán ser préviamente declaradas y ejecutoriadas por el Tribunal Su«erior en cuya jurisdiccion ó territorio deba tener lugar la jecucion, mediante un juicio de deliberacion en el que, oídas las partes “en la forma sumaria, se examine: * 19 Si la sentencia ha sido pronunciada por autoridad judi“cial com etente: *2o Si ha sido pronunciada, citadas regularmente las partes: *3o Si las partes han sido legalmente representadas ó legal“mete coln tulla CeS: *4o Si la sentencia contiene disposiciones contra el órden pú*blico, ó cl Derecho Público del Estado. * La fuerza ejecutoria de las sentencias podrá ser solicitada por ‘la vía diplomática ó directamente por la parte interesada. Si la *parte interesada no ha constituido oportunamente Procurador, le será éste nombrado de oficio por el Tibunal que debe declarar “ejecutoria la sentencia. “La parte activa deberá satisfacer al Procurador, nombrado “de oficio, el pago de cualquiera obvencion legítima.” Esto es lo estipulado; y no puede haberse expresado en términos mas claros, precisos y perentorios, por lo que ni hay que ocurrir á interpretación alguna, pues ésta solo tiene lugar en lo que aparece oscuro, ambiguo ó se haya sujeto á duda. Lo pactado entre el Perú é Italia en su tratado vigente, encuéntrase consignado en el citado artículo 18 que contiene explícitamente estos tres puntos: 1o Que las sentencias y ordenanzas en materia civil y comercial emanadas respectivamente de los Tribunales del Perú é Italia, y debidamente legalizadas, tendrán, á solicitud de los mismos Tribunales, en una ú otra parte, la misma fuerza que las emanadas de los Tribunales locales, y serán recíprocamente cumplidas, produciendo los mismos efectos hipotecarios sobre aquellos bienes que estén sujetos á lhipoteca, según las leyes de cada país; y observándose para este efecto esas mismas leyes. 2o Que para que puedan cumplirse estas sentencias y ordenanzas, deberán ser préviamente declaradas ejecutoriadas por el Tribunal Superior, en cuya jurisdicción ó territorio deba tener lugar la ejecucion, mediante un juicio de deliberacion, en el que, oídas las partes en la orma sumaria, se examinen los cuatro puntos señalados, para que sean materia de este examen; y 3o Que la fuerza ejecutoria de las sentencias podrá ser solicitada por la vía diplomática, ó directamente por la parte interesada; y que si ésta no ha constituido oportunamente Procurador, le será nombrado de oficio por el Tribunal que debe declarar ejecutoria la sentencia, estando obligada la parte activa á satisfacer al Procurador nombrado de oficio el pago de cualquiera obvencion legítima.

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