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presentará la consideración de V. E. los motivos en que se ha apoyado, en divergencia con la cancillería del Reino de Italia, parà sostener como buena y fundada la decisión expedida por la Corte Superior, en 9 de Agosto de 1897, (1) que negó la ejecución de la sentencia expedida por el Tribunal Civil de Savona, con firmada por la Corte de Apelación de Génova, en el juicio seguido por los hermanos Anselmo contra la casa A. F. Ferraro y C*: y para creer igualmente que el sentido de la decisión, en el juició de deliberación, es el que se deriva de la letra y espíritu del artículo XVIII del pacto ya mencionado, con arreglo á principios de universal aceptación, confirmados por precedentes de significativa y particular autoridal para las partes que intervienen en este arbitraje,

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Antes de entrar en la discusión de los principios que dominan el sentido y la aplicación del artículo XVIII del Tratado de Amistad y Comercio que rige entre el Perú é Italia, desde el 23 de Diciembre de 1874, conviene tomar en cuenta los antecedentes de la decisión judicial expedida por la Corte Superior de Lima, denegando el pareatis á una sentencia de los Tribunales de Italia. Los hermanos Domingo, Ernesto y Silvio Anselmo, demandaron ante Tribunal Civil de Savona, en Italia, á la sociedad comercial A. F. Ferraro y C°, constituida y domiciliada en ina, capital del Perú, á don Agustín Federico Ferraro, por sí y como representante de esa sociedad; y á don Juan Bautista Anselno, socio de la extinguida firma J. B. Anselmo, que tuvo también su domicilio en Lima. El objeto de la demanda fué el pago de un saldo derivado de una cuenta corriente, que se dijo haber abierto don Constantino Anselmo, residente en Italia, á favor de la antigua casa J. B. Anselmo, y C°, de Lima, y cuyo activo y pasivo reasumió la nueva sociedad A. F. Ferraro y C, crea la según las leyes del Perú y domiciliada en éste. Don Agustín F. Ferraro fué citado en Génova, en 10 de Marzo de 1892, y don J. B. Anselmo en Savona, el 15 de los mismos ines y año; ventilándose, con tal motivo, una excepción de incompetencia deducida por los demandados, que fué resuelta de un modo desfavorable para éstos, por decisión del Tribunal de Savona, de 24 y 26 de Octubre de 1892, confirmada por la Corte de Apelación de Génova, en 22 y 27 de Julio de 1893.

[1] Página 44S.

En consecuencia, y habiendo asumido los tribunales de Italia, por decisión especial, jurisdicción en el pleito, fué fallado éste por sentencia definitiva de 22–24 de Abril de 1896, expedida por el Tribunal de Savona, que fué confirmada por la Corte de Apelación de Génova, en 17-25 de Agosto de 1896. En esa sentencia, se condenó á Agustín F. Ferraró, por la extinguida sociedad de J. B. Anselmo y C de Lima, y al mismo Ferrato por la casa de A. F. Ferraro y C, tambien de Lima, á pagar 24,758 liras 20 céntimos, con intereses comerciales desde el 1 de Enero de 1895 hasta la fecha de la cancelación efectiva, á cada uno de los hermanos Anselmo ó sus representantes. Tal fué el fallo que, para su ejecución, se presentó en copia auténtica á la Corte Superior de Lima, en 8 de Marzo de 1897, y que, previo el juicio sumario de deliberación, á que se refiere el Tratado de 1874, se declaró no ser ejecutable en el Perú. Puede, pues, dejarse cstablecido que, en cuanto á los hechos cardinales en que se fundó la excepción de incompetencia, deducida ante los Tribunales de ltalia, el roducida en el Perú cuand se trató de ejecutar la sentenia, no existe duda ni hubo nunca controversia. Esos hechos son: que la obligación directa, por sido de cuenta corriente, supniéndolo efectivo y vigente. era de la sociedad ya extinguida el la fecha de la demanda (J. B. Anselmo y compañía); que la sociedad A. l". Ferraro y compañía reasumió la situación comercial de la anterior, hacién lose cargo de su activo y pasivo: que ambas sociedades se constituyeron en Lima (Perú) y allí tuvieron su domicilio. Debe agregarse, para la cabal y justa apreciación del fallio de la Corte de Lima, que la sentencia de los Tribunales de Italia que condenaba á la sociedad A. F. Ferraro y compañía comprenda á don Agustín Federico Ferraro por la extinguida firma J. B. Anselmo y Compañía, cuyos derechos y acciones asumió la de A. l". Ferraro y Compañía al constituirse en Lima, y, por lo tanto, como sociedad peruana.

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El punto sometido á la deliberación de W. E. consignado en el artículo 1o del acuerdo diplomático el l'erú, é Italia le 22 de Noviembre de 1900, es el siguiente:

Si, según los términos del Tratado de 23 de l)iciembre de 1874, entre el Perú é Italia, las autoridades judiciales respectivas, pueden negar el crequatur á las sentencias pronunciadas por una autoridad judicial, competente con arreglo á las leyes del Estado en el cual se ventila el juicio, siempre que, según las leyes del Estado en el cual el exequatur ha sido solicitado, resulte que las autoridades judiciales de este Estado son competentes para conocer de la causa. » Considera el infrascrito, representante del Perú, que plantear la cuestión en tales términos es resolverla en sentido favorable á la tésis sostenida por su Gobierno, en conformidad á las reglas de Derecho Internacional y á las que resguardan cada soberanía en el ejercicio de sus poderes inherentes; y que de esas reglas fué intéprete fiel la Corte Superior de Lima al negar el requitur á la sentencia de los Tribunales de Italia, en el proceso Anselmo-Ferraro (1). Axioma jurídico es el que la autoridad de los Jueces y Tribunales de cata nación se deriva de la potestud soberana de la misma nación. en virtud del nombramiento de los magistra los de la atribución de poderes que ese nombramiento les confiere: no solamente para someter á su fallo á las partes, aún era su volutad, sino también para decidir sobre la extensión de sus po deres judiciales. De manera que, en rigor de derecho. las setencias expedidas por los jueces de una Nación no pueden tener efecto más allá de sus fronteras. Tal es el principio que Merlin condensa de la siguiente manera: «La autoridad de la cosa juzgada no procede del derecho de gentes; ella no saca su fuerza sino del derecho civil de cada nación. Pero el derecho civil no tras. mite sus efectos de una nación á otra; y como la autoridad pública de que está investido todo soberano, no se extiende más allá de su territorio, la de los magistrados que él instituye está necesariamente encerrada dentro de los mismos límites, y, por consiguiente, los actos emanados de esos oficiales deben perder en la frontera toda su fuerza civil. Por esto es que la autorial de la cosa juzgada no puede invocarse en un Estdo respecto de las setencias pronunciadas por los Tribunales de un lstado extranjero.—(Questions de l)roit, y Jugénent). Este es el rigor del principio; pero, aún atenuía lo! o conforme al espíritu que informa la teoría moderna del Derecho litera. cional privado, según el cual sus reglas se derivan, ante todo, de la consideración que merece el derecho humano en todas partes para rocerlo y protegerlo, siempre que sea legítimamente alquirido, nunca resultará que el favor -tado al extraje ro, anparándolo en la situación de derecho que para él ha sido co-tituída por las autoridades y según las leyes de su país, pueda

[1] Véase la página 448.

llegar hasta el menoscabo de la soberanía ó agravio de las leyes de otra nación. «En ningún Estado de Europa, dice Foélix, se ejecutará una sentencia que, con violación de las leyes de competencia de los Tribunales, vigentes en el mismo Estado, haya distraído á un regnícola de la jurisdicción de su soberano; y este principio deberá ser aplicado igualmente en el caso en que el regnícola demandado haya litigado voluntariamente ante Tribunales extranjeros, porque no le era permitido renunciar á la jurisdiccion de su soberano, sometiéndose á una jurisdicción extranjera.»— (Droit International privé, tomo 2o, número 321, página 40). Para el examen de estas y otras cuestiones, que pueden y deben considerarse por el país en que se ha de ejecutar una sentencia pronunciada por un Tribunal extranjero, y, sobre todo, porque la ejecución forzada no puede realizarse sino á nombre de la soberanía territorial, su consentimiento es necesario para la ejecución, ya sea voluntario, por el cómitas gentium, ya sea obligatorio, en virtud de un pacto preexistente. Cualquiera que sea la doctrina y la liberalidad de las reglas trazadas por la costumbre ó por los compromisos internacionales, resulta de una verdad indiscutible: 1. que la ejecución de una sentencia debe ser precedida de un juicio de deliberación; 2. que la necesidad de ese examen prévio para despachar el exequaturimplica el poder de rehusarlo; 3. que los puntos de examen para declarar el pareatis se refieren, reduciéndolos á lo más rigoroso, á la competencia de los jueces que decidieron la que se trata de ejecutar; á la observancia de las formas y garantías de derecho natural para la defensa; á la posibilidad de ejecutar la sentencia sin agravio del orden público del país en que se pide la ejecución, y sin infraeción de su derecho público. No hay ejemplo de que ningún Estado haya consentido la ejecución de una sentencia extramjera en su territorio sino por el ministerio de sus propios jueces y autoridades; y con el examen prévio, con más ó menos amplitud, de las circunstancias ante dichas, para decidir si debe conceder ó negar el exequatur. Sentado esto, que debe reputarse preliminar indispensable para abordar la cuestión concreta, materia del fallo arbitral, es llegado el caso de examinar inspecie la cuestión de competencia, exigida también por el Tratado del Perú con Italia, para dar ejecución, en cada uno de los Estados contratantes, á las senteneias pronunciadas por los Tribunales del otro.

III.

El artículo 18 del Tratado que se acaba de mencionar, contiene esas condiciones fundamentales, que deben ser examinadas en el juicio de deliberación que precede al exequatur, y que literalmente son las que siguen: 1o si la sentencia ha sido pronunciada por autoridad judicial competente; 2o si ha sido pronunciada citadas regularmente las partes; 3o si las partes han sido legalmente representadas ó legalmente contumaces; 4o si la sentencia contiene disposiciones contra el órden público ó el derecho público del Estado. El primero y el cuarto de los números acotados son los únicos que comprende la cuestión debatida. y á ellos debe contraerse la exposicion. Desde luego, hay que distinguir entre la competencia bajo su punto de vista interno y en su alcance exterior, esto es, en cuanto puede hallarse en conflicto el poder jurisdiccional de los jueces que fallaron el pleito con el de los que son solicitados para ejecutar ese fallo. Los principios ó reglas que rigen en cada país la competencia respectiva de los jueces y ratione personae ó ratione rei, no tienen el poder de ligar sino á sus propios magistrados, ni producen otros efectos que los que pueden obtenerse dentro del territorio. La trascendencia de los actos jurisdiccionales expira en las fronteras del país que dió autoridad á los jueces que los realizaron, sobre todo si sus actos se encuentran en oposición con las reglas de competencia trazadas por las leyes del país en que se trata de hacerlos valer. Esto es de todo punto indiscutible, como que es una de las aplicaciones más evidentes del principio de la independencia recíproca de las naciones. En virtud de él, ninguna puede ser obligada á dar curso á los actos de una autoridad extranjera que contradice sus leyes y menoscaba los poderes de las autoridades que ha constituido. Por esta razón, sin duda, el tecnicismo científico y aún ciertos actos internacionales, al referirse á la condición de competencia exigida en los jueces cuya sentencia se trata de ejecutar, establecen que esa competencia debe apreciarse en la esfera internacional. De otra manera, carecería de objeto, y aún de sentido, la esti

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