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«tes italianos, entre gentes de la tripulación, cuando no se ha« ya alterado la tranquilidad del puerto.»

En nuestra legislación no están clasificados distintamente los delitos y los crímenes: bajo la palabra genérica delitos, que es el primero de los delitos contra las personas, quedan comprendidos los crímenes de toda clase; y en la declaración primera se incluye, además de todos los crímenes, precisamente el crímen de asesinato sobre seguro, porque á ella ha dado ocasión el asesinato de Matcarens.

Declarando que los juecos no son competentes para conocer de dichos delitos y crímenes, se ha dado por el Poder Ejecutivo una ley restrictiva de las atribuciones del Poder Judicial, á pesar de que la potestad de dar, interpretar y modificar las leyes, es exclusiva y la primera del Poder Legislativo (artículo 39 de la Constitución).

Sin duda que se agrava este inesperado acontecimiento, por la circunstancia de referirse al menoscabo de la soberanía jurisdiccional y territorial de la República, y á la relajación de la garantía de seguridad personal dada á los extranjeros que se hallen bajo la obediencia y protección de las leyes en cualquier punto del territorio nacional; mas, aparte de estas graves circunstancias, la de claración primera en que se dispone de las atribuciones del Poder Judicial, es, de un lado, apropiación de autoridad exclusiva del Poder Legislativo, y es además absorbente del Poder Judicial, cuya jurisdicción no tiene ya por límites la ley, sino una declaración que ha creído conveniente hacer el Poder Ejecutivo.

La citada declaración es, pues, contraria á la independencia del Poder Judicial, no meramente en la manera de aplicar la ley á los casos particulares, sino, lo que es peor, en la extensión de la jurisdicción nacional que es la parte esencial de la soberanía peruana, confiada en su ejercicio á solo el Poder Judicial, según los artículos 3 y 43 de la Constitución.

En cuanto á la inmediata aplicación que de la declaración primera se ha hecho gubernativamente, por la declaración tercera, al juicio que se sigue por el asesinato de Matcarens, y con cuya aplicación se ha herido la jurisdiceión en todos sus grados, pues se han aniquilado á un tiempo todas las instancias y recursos ordinarios y extraordinarios; resulta un conflicto acerca de la autoridad que sea competente para dar providencias, autos y decisiones definitivas en un juicio pendiente ante el Poder Judicial. Este conflicto, si por desgracia subsistiese, debería ser resuelto por el Senado, según el inciso 2o artículo 66 de la Constitución.

Si prevaleciese la declaración primera, como regla general,

en que el Poder Ejecutivo determina y prescribe cuáles deban ser las atribuciones del Poder Judicial, se comprometería el órden y la in lependencia constitucional de este Poder; porque sus atribuciones solo pueden ser ampliadas ó restringidas por la ley que sancione el Poder Legislativo. Sin el órden y la independencia que la Constitución ha establecido y mantiene, no podría el Poder Judicial desempeñar recta y dignamente las augustas funciones de la justicia.

El Fiscal no se inquieta del éxito que tendrá la declaración segunda, en que se ofrece á las demás naciones, á título de reciprocidad, no juzgar en el Perú los crímenes y delitos que se cometen por las tripulaciones en los buques mercantes extranjeros, mientras no se altere la tranquilidad del puerto.—Pudo establecerse esta regla contra el principio de la jurisdicción territorial que no sufrió detrimento fuera de los Estados Berberiscos y otros como ellos, á pesar de la activa solicitud de los(Cónsules f anceses que hacían el mismo ofrecimiento, con igual reciprocidad, conforme á la instrucción 22 de sus Ordenanzas de 1833.

Por el contrario, el principio de la jurisdicción territorial en casos de crímenes cometidos á bordo de los buques mercantes extranjeros, sostenidos por las potencias marítimas de Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y el Brasil, ha recibido en el mismo imperio francés la sanción solemne de la Corte de Casación que, de conformidad con el Procurador General M. Dupin, y con el Consejero Foucher, ha declarado, en la sentencia de 25 de Febrero de 1859, que siendo principio universal que cuan do se compromete el interés del Estado donde se hallan los buques mercantes extranjeros, entonces esté expedita la jurisdicción territorial; estaba y debía estar expedita esta jurisdicción, cuan do se cometían crímenes; porque el crímen es por mismo la mas manifiesta y flagrante violación de las leyes que cadu Estado está encargado de hacer respetar, y porque la gravedad del crímen no permite á ninguna nación dejar impune, sin atentar contra sus propios derechos de soberanía.

Si V. E. se digna accederá la reconsideración que el Fiscal pide en cumplimiento de su deber, quedarán mas afianzadas la jurisdicción nacional y la independencia del Poder Judicial.

Lima, á 15 de Marzo de 1869.
URETA.

Lima, Abril 8 de 1869.

Vista la petición del Fiscal de la Corte Suprema, en la que so

‘licita una reconsideración del supremo decreto de 28 de Febre

ro último; (l) vista la Convención Consular celebrada con el Reino de Italia; (2) y teniendo en consideración: que por ese decreto se ha declarado que el Gobierno de la República observará, respecto de los buques italianos y de todos los buques extranjeros, la. misma conducta. que los demas Gobiernos observen respecto de los buques peruanos: que el Gobierno debe respetar el principio de la reciprocidad con las demas Naciones, porque sin él desaparecerían las garantías de los nacionales y de los extranjeros, los derechos del Gobierno y su buena inteligencia con las Naciones que mantienen relaciones con el Perú: que, ademas, en el caso del « Emilio Rondanini n, que ha motivado, principalmente, la reconsideración perlida por el Fiscal, el Gobierno ha procedido en cumplimiento de un Tratado, que es ley de la República, para cuya observancia está empeñado el honor nacional; y en conformidad con los principios y usos internacionales;——declára— se sin lugar la. reconsideración pedida por el Fiscal de la .Corte Suprema del citado decreto de 28 de Febrero.

Comuníquese y publíquese.

Rúbrica de S. E.—BARRENECHEA.

EXPOSICIÓN DEL AGENTE DIPLOMATICO PERUANO QUE GELEBBÓ LA CONVENCIÓN CONSULAR CON ITALIA.

I

La rebelion de los marineros del bergantin italiano x Emilio Roudanini n ocasionó la muerte de uno de ellos y las heridas do otros: el capitán de las Islas de Chincha tomó preso átres marigeros y los sometió á la autoridad judicial.

El honorable señor Garrou, Encargado de Negocios y Cónsul deneral de Italia, interpuso una reclamación ante el Ministerio ne Relaciones Exteriores á fin de que los presos fuesen conducidos al Callao y puestos á disposición del vice-cónsul italiano en ose puerto. (Despacho oficial de fecha 8 de Noviembre de 1868.)

El mismo señor Garrou ocurrió nuevamente al Ministerio pe

nano, dando parte de que el buque Rondaniui había partido pa- '

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rs su destino, é insistiendo en su anterior reclamación respecto ílm marineros enjuiciados. (Despacho oficial de 28 de Novlcmbre de N68.) (I)

El Ministerio de Negocios Extranjeros tuvo á bien oir al señor Fiscal de la Corte Suprema, quien expidió su vista de 22 de Enero último, (2) combatiendo la reclamación del señor Garrou y sosteniendo la jurisdición nacional.

El señor Dr. Barrenechea, actual Ministro de Relaciones Exteriores, presentó entonces á S. E. el Presidente de la República una exposición con el objeto de refutar la vista del señor Fiscal Ureta y pedir la aceptación de las siguientes conclusiones;

Primera: «Que conforme al articulo 17 de la Convención, vi¡gente entre el Perú é Italia, las autoridades locales no son comupetentes para conocer de los delitos que tengan lugar á bordor ¡de los buques mercantes italianos entre gentes de la tripularción, cuando no se haya alterado la tranquilidad del puerto.»

Segunda: «Que el mismo principio debe seguirse con los decmás buques megcantes extranjeros, siempre que las naciones á u que pertenezcan lo observen con el Perúz» y

Tercera: a Que en el caso de la barca italiana cEmilio Rondaunini,» tratándose de hechos ocurridos exclusivamente entre genutes de la tripulación y no habiéndose alterado‘ la tranquilidad rdel puerto, las autoridades nacionales no son competentes para cconocer de él; y por consiguiente que los presos deben ser cpuestos á disposición del Consulado General de S. M. el Rey de altalia »—-(23 de Febrero de 1868.)

S. E. el Presidente, de conformidad con el Consejo de Minis

tros, expidió la resolución suprema de fecha 28 de Febrero pró-.

limo pasado, aceptando dichas conclusiones. (3)

Ahora bien: como esta resolución es de gravísimos y trascen dentales resultados, no solo por lo que hace á nuestra legislacióprnal, sino tambien por las relaciones internacionales de la República; como el Gobierno se funda en el supuesto de que dicha resolución es conforme con el sentido y letra textual de la Convención consular, vigente entre el Perú é Italia, y, por último, como de un modo privado, y aun por la prensa, se me ha. pedido que exponga cuál es mi inicio, pol haber sido el agente que celebró dicha convención; temo que mi silencio dé lugar a creer que las ideas vertidas en la exposición del señor Barrenechea son conformes con lasmias, ó que, disintiendo siquiera, de algu

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(l) Página 25 (2) Página 26 [a] Página 39

nos de los principios expuestos, me callo, á pesar de tratarse sobre asuntos de gran interes nacional. Estas consideraciones y el convencimiento que tengo del patriotismo, luces y esclarecido criterio de los miembros del Gabinete, á quienes sinceramente estimo y respeto, me obligan á romper el silencio y manifestar lo que pienso en el particular. A mi modo de ver, se ha resuelto una cuestión compleja: ó mejor dicho, se han confundido equivocadamente diversas y delicadísimas cuestiones de derecho internacional moderno: 1o ¿Hay unidad de principios en todas las naciones respecto al derecho marítimo? 2o ¿El derecho convencional ó la convención peruano-itálica, en nuestro caso, concede á los agentes consulares facultades administrativas, de mera inspección, policía y disciplina interior de los buques mercantes; ó les confiere tambien jurisdicción criminal? 3o ¿ Los buques mercantes gozan del privilegio de exterritorialidad y en qué sentido y circunstancias ? 4o ¿ La justicia penal, derecho inmanente de los Estados reconocidos, permite someter el extranjero culpado á la jurisdición de los tribunales de su país, aun cuando el delito se hubiese cometido en territorio extraño? 5o ¿La jurisdicción nacional, segun estos principios, se extiende á lós reos del delito perpetrado á bordo del Rondanini, estando dichos reos comprendidos en el rol de la tripulación? Con estas y otras cuestiones se toca más ó menos directamente la resolución suprema de 28 de Febrero; pero al ocuparme de ella me concretaré solamente á lo que "iga en relación con el tratado consular de que fuí negociador en 1 talia. En el mes de Abril de 1858 fué ajustada en Lima una Convención Consular con el antiguo reino de Cerdeña; (1) pero no llegó á tener efecto, porque no fué aprobada por el Gabinete de Turin: más tarde, en Enero de 1863, me autorizó el Gobierno del General San Román, para que celebrase una nueva Convención eon el Reino italiano que acababa de ser reconocido por el Perú. De acuerdo con el caballero Negri, Plenipotenciario por parte de Italia, me encargué de formular el proyecto. Deseando, pues, llenar debidamente mis instrucciones, y teniendo presente que con frecuencia nombramos Cónsules á personas extranjeras, muchas veces incompetentes por carecer de conocimientos especiales para el ejercicio de tan delicado cargo, me propuse formar una convención detallada, cuidando de la claridad y precisión del lenguaje para evitar interpretaciones equivocadas. Y como el senor Ministro Paz—Soldán, que extendió los plenos poderes, no me había hecho indicación alguna respecto á la le

(1) Véase esa Convención en el tomo III.

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