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PRÓLOGO

Tan importante es el modo de proceder en cualquiera clase de reclamación, ya se derive del orden civil, criminal ó administrativo, ya se incoe de oficio ó á instancia de parte, que en todos los países y para todos los casos se han dictado reglas más o menos completas y acertadas, á las que deben acomodarse la tramitación y resolución de los asuntos indicados.

La efectividad de los derechos establecidos por las leyes y la reparación de los perjuicios causados, voluntaria ó involuntariamente, depende en gran manera del exacto cumplimiento de la ley procesal de aplicación.

No resultaría, por lo tanto, garantida la eficacia del derecho sustantivo sin determinarse previamente los plazos, dentro de los cuales pueden utilizarse los recursos legales; la forma en que deben producirse; el término que se concede á las partes para instruirse, para contestar la reclamación ó demanda y para proponer ó desarrollar la prueba que se estime pertinente; los requisitos exigidos para la validez de los apoderamientos, notificaciones y sentencias ó acuerdos y, por último, los medios de prueba qne se otorgan en cada caso; imperando, de otra suerte, la arbitrariedad y abandonando á merced del encargado de dirigir la substanciación del expediente, el seña

lamiento del momento oportuno en que hubiera de dictarse la resolución que pusiera término al mismo,

El derecho procesal es, pues, como queda demostrado, la salvaguardia de los demás derechos concedidos por las leyes.

A pesar de lo expuesto, la idea de un procedimiento ordinario ó común al que se ajustasen todos los negocios de Hacienda, á excepción de los que por su indole ó carácter especial necesitasen otra forma de desarrollo, no aparece realizada hasta la publicación de la ley y Reglamento provisional de 31 de Diciembre de 1881, sobre el procedimiento económi. co-administrativo.

Despues se dictó el Reglamento sobre dicha mate. ria de 24 de Junio de 1885.

Más tarde, en cumplimiento de la ley de 19 de Octubre de 1889, se publicó el Reglamento provi. sional sobre reclamaciones-económico-administrativas de 15 de Abril de 1890, que es el que se halla en vigor en la actualidad.

Y recientemente, se ha publicado el Real Decreto de 14 de Noviembre de 1899 reformando la manera de resolver dichas reclamaciones y los expedientes sobre investigación de la Hacienda pública; señalando la cuantía de los negocios y Tribunales que conocen en única ó primera y segunda instancia según la importancia de los mismos, y concediendo el recurso de responsabilidad contra las Juntas administrativas para la indemnización de perjuicios y el contencioso-administrativo en la forma y plazos que determina la ley de 12 de Septiembre de 1888, refor. mina la ley de 13 de Septiembre de 1888, reformada

por

la de 22 de Junio de 1894 sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto á las reclamaciones que no excedan de quinientas pesetas, cuyas resoluciones tienen el carácter de definitivas.

Entendiéndose, que contra los acuerdos de las Juntas administrativas que resuelven de un modo definitivo los asuntos cuya cuantía no exceda de quinientas pesetas, procede interponer los recursos dichos ó sean el de responsabilidad y el contenciosoadministrativo: el primero, ante el Tribunal Gubernativo del Ministerio de Hacienda; y, el segundo ante el provincial de lo contencioso-administrativo. Cuando el asunto exceda de dicha cantidad hasta la de 3.000 pesetas, será la substanciación y resolución de la Dirección general respectiva en primera y única instancia, y desde la indicada suma en adelante de la competencia del Tribunal Gubernativo del Ministerio, siempre con los recursos contenciosos que se determinan en las disposiciones mencionadas.

El establecimiento de los Tribunales contenciosoadministrativos, obedece á la especialidad de las relaciones jurídicas que se desarrollan entre la Administración

y los administrados para el cumplimiento de los fines sociales.

Desde el año de 1815 que se crearon los Consejos Real y provincial hasta el de 1888 que aparecen el Tribunal de lo contencioso-administrativo y

los tribunales provinciales de primera instancia, funcionaron diferentes organismos con el expresado objeto en 1868 y 1875, como resultante forzosa de la eterna lucha de los ideales políticos.

La reforma llevada á cabo por Real decreto de 22 de Junio de 1894, que es la vigente, no afecta á la organización de dichos tribunales, ni al ejercicio de su privativa jurisdicción, en parte retenida, por medio del recurso extraordinario de revisión.

Una vez expuestos los fundamentos y reseña cronológica del enjuiciamiento económico-administrativo y contencioso administrativo en nuestra patria, precisa manifestar el objeto y manera de realizarlo en la presente obra.

Primeramente ofrecer una compilación ordenada y metódica de las disposiciones vigentes en las referidas materias, evitando al funcionario y contribuyente la penosa y difícil tarea de buscarlas en diversos volúmenes y gacetas, que no siempre tienen á su aleance.

En segundo lugar llamamos la atención sobre los artículos reformados por disposiciones complementarias, y las observaciones que merezcan las disposiciones compiladas, para su más acertado cumplimiento y su ejecución por medio de formularios,

En tercero y último lugar ampliamos tan importante rama del derecho administrativo, acometiendo con noble afán, siquiera sea ligeramente, las com plicadas y vastas materias relativas á Propiedades y Derechos del Estado, Contabilidad general, Fianzas á favor de la Hacienda pública y el actual sistema tributario, con la reseña histórica del mismo, bases de imposición y de cobranza, penalidad esta

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