Imágenes de páginas
PDF
EPUB

piña apilada y de lo expuesto que es á error este procedimiento:

Resultando que al día siguiente el Ingeniero Ordenador, al recorrer la sección para recoger el fruto que había dejado de apilarse, observó que había desaparecido, por lo que propuso á la Jefatura la imposición de responsabilidades al rematante:

Resultando que el Ingeniero Jefe del Distrito forestal de Segovia, no encontrando artículo alguno en la legislación penal de Montes ni ninguna condición del pliego de subasta que señalase penalidad especial para esta falta, acordó no exigir responsabilidades al rematante, cuyo acuerdo motivó el presente recurso de alzada :

Resultando que las condiciones 13 y 14 del pliego de subasta previenen que el aprovechamiento del fruto de piñón se verificará, como los demás, con estricta sujeción al plan anual correspondiente:

Resultando que por no estar esta infracción prevista en la legislación penal de Montes, no tiene en ella señalada responsabilidad especial:

Resultando que la obligación de apilar el fruto del piñón, como medio indispensable para cubicarlo con acierto, se viene imponiendo en casos análogos á los rematantes, siendo éste el primero en que se reclama ante este Ministerio contra su infracción:

Considerando que habiéndose precisado en el plan anual que la piña debía apilarse, y habiendo en el acto de la entrega aceptado el rematante esta obligación, es indudable que al no cumplirla ha infringido la condición 14 del pliego de subasta, que previene que los aprovechamientos se verificarán con estricta sujeción á dicho plan, no pudiendo alegar en este punto ignorancia por ser práctica generalmente seguida en dicha provincia y en otras la de imponer esa obligación:

Considerando que quedando probada la infracción es indispensable castigarla, pues de lo contrario resultaría ilusoria la obligación de apilar el fruto, y que si esta falta no está prevista en la legislacion penal de Montes se hace preciso subsanar esta de. ficiencia, señalando la responsabilidad que haya de aplicársele:

Considerando que es lógico, al fijar estas responsabilidades, a semejarlas a las que la legislación penal de Montes señala á las infracciones análogas á la que se trata de castigar:

Considerando que consistiendo la infracción en no haber cumplido el rematante una obligación impuesta por la Administracii n forestal y en haber faltado por ello al pliego de condiciones, las faltas que con esta infracción tienen más analogia son las señaladas en el art. 28 del Real decreto de 8 de Mayo de 1884, que fija una multa no menor del 1 por 100 del valor del aprovechamiento y el abono de los daños y perjuicios á los que contravinieren á lo dispuesto en los pliegos de condiciones variando los. sitios designados por el personal facultativo para establecer hor. nos, chozas, talleres, camino de saca y arrastre de productos;

S. M. el Rey (Q. D. G.), oida la Junta de Montes, y de confor. midad con lo propuesto por ese Centro directivo, se ha servido disponer:

1.° Que los rematantes que tengan obligación de apilar las piñas para su aforo y no lo hayan cumplido al tiempo de practicar el oportuno reconocimiento, sean castigados con una multa no inferior al 1 por 100 del valor del aprovechamiento y con el abono de los daños y perjuicios; debiendo los Ingenieros Jefes de sus provincias y los Ingenieros de Sección y Ordenadores, en sus propuestas, procurar regular las multas que se impongan por estas infracciones de modo que guarden relación en cada caso con la falta cometida y que importen siempre más que los gastos que hubiese ocasionado el apilamiento de la piña; y

2.° Que el Ingeniero Jefe del Distrito forestal de Segovia dicte nueva providencia en sustitución de la recurrida y á propuesta del Ingeniero Ordenador de la segunda brigada, ajustándose á lo prevenido en esta Real orden.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Noviembre de 1906.-Garcia Prieto.-Sr. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.

Num. 81.-GOBERNACIÓN.-- 23 de Noviembre, pub. el 24. Real orden resolutoria de un expediente relativo a la aplicación de la

ley de Ensanches de población a las obras del suelo y subsuelo de Madrid.

Excmo. Sr : Pasado á informe de la Comisión permanente del Consejo de Estado el expediente relativo á la aplicación de la ley de Ensanches de población á las obras de reforma del suelo y subsuelo de Madril, dicho Alto Cuerpo ha emitido, con fecha 23 de Octubre último, el siguiente dictamen.

«Excmo. Sr.: La Comisión permanente del Consejo de Estado ha examinado, en cumplimiento de Real orden dictada por el Mi. nisterio del digno cargo de V. E., el expediente promovido por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid sobre la consulta formulada por la Comisión municipal sobre si es aplicable para la reforma del suelo y subsuelo la legislación de 1879 sobre reforma de grandes poblaciones;

Resulta de los antecedentes que existen en las dependencias del Ayuntamiento varios expedientes ó proyectos de reformas urbanas, algunos de suma importancia, iniciados antes de la promulgación de la ley de 18 de Marzo de 1895 y paralizados después por dudarse cuál es la legislación aplicable, si la de 1895 ő la de 10 de Enero de 1879 y sus reglamentos, vigentes cuando aquellos expedientes ó proyectos fueron iniciados; y es conveniente dictar una resolución de carácter general que desvanezca esta duda, para despacharlos sin el peligro de que después de gastar tiempo y dinero pueda declararse la nulidad de los mismos.

Fundándose en estas consideraciones, la Comisión ejecutiva de la municipal para la reforma del suelo y subsuelo elevó proposición á la Alcaldía con el ruego de que se consultara á V. E. sobre este particular.

Al formular la consulta, el Alcalde amplia las razones en que se fundó la Comisión cita la, aduciendo diversas consideraciones legales y de hecho que tienden a demostrar las graves dificultades con que en la práctica se tropieza para la aplicación de la ley de 1895, pues afirma que en los once años transcurridos desde su fecha sólo se ha hecho por ella el llamado proyecto de la Gran Vía, por haberse decidido el Ayuntamiento á gastar en el considerables cantidades, porque se inició en 1898, sobre la base de trabajos que antes se habían hecho, y porque no fué posible llenar las exigencias de dicha ley con el proyecto del Sr. Velasco, cuyos herederos se acogieron al articulo adicional de aquélla, siendo estimada su instancia por Real orden de 14 de Abril de 1891; que el Ayuntamiento ha querido realizar, agrega, algunas reformas, como la de la plaza de la Cebada, ensanche de la calle de Fernando VI, plaza de la Bolsa, etc., teniendo que prescindir de dicha ley y aplicar en su integridad la de 1879, por todo lo cual concretamente consulta si adolecerán de vicio de nulidad los expedientes sobre reformas urbanas que se tramiten con arreglo á la ley de 1879, por haber sido iniciados antes de la promulgación de la ley de 18 de Marzo de 1895, y que están hoy paralizados por ser punto menos que imposible la aplicación de esta ley, que constituye un verdadero obstáculo para las grandes reformas urbanas.

La Dirección general de Administración estima que debe declararse:

1.° Que no se demuestra que ninguno de los proyectos ante. riores a la ley de 18 de Marzo de 1995 tenga estado de derecho creado, del cual puedan arrancar acciones legales, por no haber hecho ese Ministerio la declaración de utilidad pública de los mismos que previene la ley de 10 de Enero de 1879.

2.° Que ni la ley de 18 de Marzo de 1895 ni el Reglamento de 15 de Diciembre de 1896 tienen efecto retroactivo ni lesionan intereses ningunos, puesto que se refieren a los proyectos en tramitación, es decir, que aun no han adquirido estado de derecho.

3.° Que de existir algún expediente de reforma 6 saneamiento con proyecto aprobado y declaración de utilidad pública hecha por el Ministerio con anterioridad al 18 de Marzo de 1895, puede tramitarse con arreglo á la ley de 10 de Enero de 1879, siempre que se justifique la conveniencia de su ejecución, a pesar del largo tiempo transcurrido, y se adapte su presupuesto y planes a las necesidades actuales; y

4.° Que el Ayuntamiento de Madrid, cuando se trate de proyectos de saneamiento ó mejora interior de la población, está obligado á cumplir estrictamente la ley de 18 de Marzo de 1895 y el Reglamento de 15 de Diciembre de 1896:

Considerando que el Ayuntamiento de esta capital eleva á ese Ministerio la consulta expresada teniendo en cuenta las muchas dificultades que en la práctica se le ofrecen para aplicar la ley de 1895 por los grandes dispendios que el cumplimiento de sus múltiples y variados trámites le imponen, así como el mucho tiempo que los proyectos ordenados con arreglo á sus preceptos y los del Reglamento para su ejecución exije; pues si en lugar de la difícil complejidad que en dicha legislación se le ofrece encon. trara sencillez en los trámites, que se tradujera en economía de tiempo y dinero para desarrollar prácticamente sus proyectos de grandes reformas de la población, no señalaría la conveniencia de regirlos por la ley de Expropiación de 10 de Enero de 1879, en la que cree encontrar más facilidades, tanto menos cuanto que la ley de 1895 reconoce el derecho á optar por la legislación que ella sanciona o por la anterior á su fecha:

Considerando que estos son realmente los fundamentos de la consulta, aunque ésta, sin embargo, tiene caracteres mucho más reducidos y concretos, pues en ella se acepta la legislación crea. da desde 18 de Marzo de 1895, limitándose á preguntar si los ex. pedientes y proyectos que empezaron a tramitarse con arreglo á la anterior legislación pueden y deben regirse por ésta:

Considerando que la consulta formulada por la Alcaldía la en. cuentra improcedente é inmotivada la Dirección general de Administración, porque en los proyectos á que aquélla se refiere no ha recaído la declaración de utilidad pública que debe hacer V. E., no habiéndose creado aún un estado de derecho en los mismos, lo cual significa que dicha Dirección no los considera como tales proyectos, sino como meros trámites preliminares de lo que hubieran sido proyectos si recae dicha declaración, por lo que implícitamente reduce la cuestión que se discute á estudiar y deci. dir si los trámites de un expediente llevados á cabo por una Corporación legal con arreglo á la legislación á la sazón vigente le da derecho a continuarlos con arreglo a la misma, o tiene que regirlos por una legislación de fecha posterior, en la cual no se da efectos retroactivos á sus disposiciones:

Consideran lo que, según el art. 3.o del Código civil, las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusiesen lo contrario, y que con arreglo á la primera de sus disposiciones transitorias se regirán por la legislación anterior al Código los derechos nacidos, según ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque el C6digo los regule de otro modo ó no los reconozca:

Considerando que en la segunda disposición adicional de la citada ley de 18 de Marzo de 1895 se determina que los que tuvieran en curso de aprobación proyectos de saneamiento y mejora de los sujetos para lo sucesivo á las prescripciones de esta ley podrán someterlos a las mismas, con los consiguientes beneficios, si desistieran de la anterior tramitación legal, y que en la dispo. sición segunda adicional del Reglamento para su ejecución de 15 de Diciembre de 1896 se prescribe que los proyectos en curso de aprobación para el saneamiento y reforma del interior de una población, tramitados con arreglo á la legislación anterior, se considerarán negados si no desistiesen sus autores, en el plazo de dos años, de la anterior tramitación legal, sometiéndolos a la tramitación de la citada ley de 18 de Marzo y á su Reglamento:

Considerando que la tramitación dada á los expedientes ó proyectos con arreglo á la legislación anterior á la vigente deben regirse por ésta, por tratarse de hechos realizados bajo su régimen y de actos ejecutados por una Corporación legal, sentido con el cual está conforme el mismo texto legislativo al hablar, para la opción de legislaciones, de los que tuvieran proyectos en curso de aprobación, lo cual excluye la necesidad de que se hubiera constituido en los mismos el estado de derecho a que se ha aludido por bastar únicamente que estuvieran en curso:

Considerando que el art. 2.° adicional del Reglamento citado se refiere al caso de que sean particulares ó Sociedades los iniciadores de los proyectos de mejora ó saneamiento, como lo revela la palabra «autors, que emplea, pero no al en que los provectos sean de iniciativa de la propia Administración, y debe entenderse, por tanto, que el plano que señala solamente afecta á los de aquella particular iniciativa; y

Considerando que la conveniencia aconseja, y el buen funcionamiento de la vida municipal exige, que se tramiten con la mayor y más posible rapidez sus asuntos;

« AnteriorContinuar »