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« acreedores derecho sobre las mercaderías, ni impedir á aquel « contratar sobre ellas, ya porque no estando judicialmente reco« nocidos los pagarés suscritos por el deudor, no lo estaba tampo«co el derecho de los acreedores, y era, por tanto, ilegal dicha « providencia; y ya porque con la apelación que de ella « se interpuso, quedala tambien sin efecto, y expedita, por con« siguiente, la facultad de Ortiz para contratar sobre sus merca« derías: que siendo tal la actitud del mencionado Ortiz para con« tratar, y habiendo convenido con el expresado ex-Coronel « Rivas en la venta de sus artículos, su adquisición no ha sido, a ni puede legalmente considerarse, de carácter público, sino « meramente privado, de lo que no puede resultar respon« sabilidad alguna al Erario Nacional, aun cuando no se «hubiese dictado la declaratoria contenida en el artículo 70 de « la ley de 4 de Enero de 1857; y que en el ejercicio todavía « pendiente, sobre declaración ó nó de quiebra, es donde los « acreedores de aquel leben buscar la in.lemnización de sus cré«ditos, recabando las especies ó su valor del que las tomó, pues « así lo disponen las leyes de comercio; de conformidad con lo « dictaminado con el Ministerio Fiscal, se declara que el Estado « no es responsable del abono de las mercaderías á que este ex« pediente se refiere, el que se devolverá al Prefecio del Departa« mento de Moquegua, para que, ante los Juzgados y Tribunales « de Comercio de clicho Departamento, se prosiga con la rapidez « y energía que reclama la protección debida á los intereses ex«tranjeros, el juicio peníliente que han iniciado centra Ortiz sus « acreedores; y se previene al enunciado Prefecto, que inquiera é «informe si consta en los libros de la Tesorería de Tacna el in« greso é inversión de los tres mil pesos ($ 3,000) que se dice haaber tomado Rivas, para, en su vista, resolver lo eonveniente».

Comuníquese.-Rúbrica de S. E.-Salcedo.

José Manuel Medrano.

Lima, Octubre 8 de 1859.

Vista al señor Fiscal de la Corte Suprema.—García,

Excmo. Señor:

El Fiscal dice: que los extranjeros, á quienes se permite ingresar y domiciliarse en un país, se someten, desde luegn, por Dere. cho Internacional, á las leyes de ese país. Este principio es muy conocido, y entre muchos tratadistas se puede citar á Wattel, párrafo 110 cap. 8. lib. 2. del Derecho de Gentes; dice así:

«Pero aún en los países en donde entra libremente cualquier « extranjero, se supone que el Soberano no le permite el acceso, « sino con la condición tácita de que estará sometido á las leyes: « entiendo á las leyes generales establecidas para mantener el « buen orden, y que no refieren á la calidad de ciudadano ó de « súbdito del Estado. La seguridad pública y los derechos de la « nación y del Príncipe, exigen necesariamente esta condición; « y el extranjero se somete á ella tácitamente desde que entra en «el territorio, porque no puede presumir que se le permite en a otro concepto. El imperio es el derecho de mandar en todo el « país, y las leyes no se limitan á arreglar la conducta de los « ciudadanos entre sí, sino que determinan lo que debe observar « cualquiera clase de personas en toda la extensión del territo« rio.»

Según esto, si existía una ley, bien conocida por todos, supuesto que está publicada en el periódico oficial, que es la de 4 de Enero de 1857, que dice muy terminantemente en su artículo 7:

«Los actos de los rebeldes, y de los que, con cualquier título, « les sirvan contra el orden constitucional, son nulos, y no pro« ducen efecto alguno legal según el artículo 10 de la Constitu« ción, ni comprometen en manera alguna la responsabilidad « del Estado;» es claro que los acreedores extranjeros de Ortiz, cuyos bienes depositados se asegura, tomó el faccioso ex-Coronel D. Felipe Rivas, nada tienen que reclamar contra el Estado, supuesto que sometidos dichos extranjeros á las leyes del país, y existiendo la trascrita, que libra de toda responsabilidad al Erario Nacional, tienen que someterse á ella: si algún derecho les queda es para reclamar de don Felipe Rivas y de Ortiz, su deudor, que se compusieron para defraudarlos. Ni la excepción de que los extranjeros reconocen á los Gobiernos de hecho, puede tener lugar aquí, porque ni el General don Manuel Ignacio Vivanco era Gobierno de hecho, reconocido por los pueblos, sino un caudillo de rebelión derrotado y encerrado en Arequipa cuando tuyo lugar el acontecimiento de Ortiz, ni dou Felipe Rivas, su teniente, que sólo ejercía actos de piratería en un buque revolucionado, podían comprometer á la Nación. Estas razones, apoyadas en el Derecho Internacional, desvanecen las que alega el señor Encargado de Negocios para objetar los fundamentos del derceto supremo de 5 de Agosto último. Este Ministerio cree haber dicho lo bastante en el expediente de Ortiz; y el Supremo Gobierno puede contestar al señor Encargado de Negocios de S. M. B. con las razones aducidas, ó con otras más poderosas que ocurran á su elevada ilustración; puede también aña. dir que sujeto á juicio un deudor concursado como Ortiz, cuya confidencialidad con Rivas está casi probada, es á dicho deudor á quien deben perseguir los acreedores y no al Erario Público que no les debe cosa alguna y que no estipuió con ellos. En fuerza de lo expuesto, puede V. E. ordenar se lleve á debido efecto el decreto de 5 de Agosto, salvo su ilustrado parecer.

Lima, Octubre 10 de 1859.

Villarán.

Lima, Octubre 15 de 1859.

No debiendo el Gobierno revocar el supremo decreto de 5 de Agosto último, á que la presente reclamación se refiere, tanto por las fundadas razones en que se apoya el precedente dictámen fiscal, cuanto por que las aducidas contra dicho decreto por el Encargado de Negocios de S. M. B. no destruyen la fuerza de su parte considerativa: vuelva al señor Ministro de Relaciones Exteriores, á efecto de que, en conferencia privada, manifieste al expresado Agente Diplomático la imposibilidad legal en que el Gobierno se en cuentra de acceder á su pretensión.

Una rúbrica.

Salcedo.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lima, Noviembre 3 de 1859.

'El infrascrito, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, la tenido el honor de recibir el oficio de Su Señoría el Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B., que se sirvió dirigirle en 1. del próximo pasado, referente á observar los fundamentos en que está apoyada la resolución suprema de 5 de Agosto último, por la que se declara que el Perú id es responsable de las mercaderías del comerciante de Tacna don Marcos Ortiz, que se encontraban depositadas y que fueron vendidas por don Felipe Rivas en 9 de Marzo de 1858.

Como el Honorable Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B., se ha servido manifestar las razones legales que, á su juicio, deben hacer variar la citada resolución suprema, le será permitido al infrascrito detenerse en hacer las exposiciones que cree indispensables, para persuadir á Su Señoría de la justicia y legalidad con que ha procedido su Gobierno al declarar que la Nación Peruana no es responsable de las mercaderías vendidas por don Felipe Rivas de motu propio y sin la menor intervención de las autoridades legalmente constituidas.

Se detiene Su Señoría en probar que según las disposiciones del Código de Comercio de esta República, el estado de bancarrota de un comerciante no principia desde el tiempo de la declaración de esa quiebra hecha por la autoridad judicial, sino desde el momento de la suspensión de los pagos.

Cita Su Señoría, con este fin, el artículo 1053 del citado Código; y pasa después á manifestar que, según el 1068 y el 1070, la bancarrota puede ser declarada á solicitud del mismo quebrado ó á instancia del legítimo acreedor, y que el Tribunal, al declarar el estado de quiebra, fija la época en que los efectos de la declaración deben ser aplicados con arreglo al día en que el quebrado hubiese suspendido el pago de sus obligaciones co. rrientes.

Dice Su Señoría, por último, que según el artículo 1094 del ya citado Código, uno de los efectos de esta retroacción, es la nulidad de todos los contratos hechos por el insolvente, durante los cuatro años anteriores á la bancarrota.

El infrascrito se complace en encontrar exactas todas las citas hechas por el Encargado de Negocios y Cónsul General de S. M. B.; pero debe manifestar al mismo tiempo á Su Señoría que la

declaración de quiebra debe hacerse de un modo judicial, por medio de los trámites que las leyes establecen; que solo desde el día en que los Tribunales hacen dicha declaración, está el comerciante, para los efectos legales, condenado como insolvente.

El estado de quiebra, es verdad que se considera á todo comerciante que sobresee en el pago corriente de sus obligaciones; pero la declaración del poder judicial es indispensable, para que quede incapacitado de celebrar contratos y fara que los demás individuos se abstengan de entrar en arreglos y transacciones con él.

Por esto es que la ley previene que se publique la quiebra por edictos y que se arreste al quelorado, en el acto de hacerse por el Tribunal la debida declaración, (artículo 1096 del Código de Comercio). Sentada esto (loctrina, que es exactamente la misma que conoce Su Señoría y que establece y prescribe el Código citado, le será permitido al infrascrito entrar á examinar los hechos que han dado orígen á la presente cuestión.

Habiendo don Marcos Ortiz, comerciante de Tacna, suspendi. do el pago de sus obligaciones de plazo cumplido, se presentaron contra él sus acreedores británicos y consiguieron un auto del Juzgado de 19 Instancia de Comercio, por el que se declaraba en quiebra y se ponía en depósito los efectos que tenía en su establecimiento.

Mas este auto fué apelado, que equivale á decir, que quedó en suspenso, y antes ile que fuese confirmado ó revecado por el Tribunal de apelación, celebró don Felipe Rivas un contrato con el expresado Ortiz, en virtud del que entró en posesión de los efectos y pulo venderlos.

Como se vé, pues, don Marcos Ortiz no estaba declarado judicialmente en quiebra cuando celebró con Rivas la venta de sus efectos; porque el auto del Juez de 1! Instancia no estaba confirmado, y un auto que no está confirmado, no preduce efecto al. guno legal.

Esto está basado en la legislación civil de esta República, que no dudo sea conocida por Su Señoría.

Ahora bien, si un comerciante solo queda incapacitado para contratar desde el día en que se le declara judicialmente en quiebra, y si don Marcos Ortiz aún no se encontraba en este caso, es demasiado claro que pudo entrar en arreglos con don Fe. lipe Rivas, ó con cualquier otra persona que hubiese querido contratar con él, no obstante los justos y fundados motivos que existían para no hacerlo.

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