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Ahora, que no producen iguales efectos, según el Codigo, todas esas circunstancias; no tiene igual personalidad la mujer casada en las diferentes situaciones en que puede hallarse por la falta de protección de su marido, y de aquí las graves dudas que se originan en los diferentes casos, á alguno de los cuales hace referencia la consulta.

El caso de ausencia del marido no ofrece realmente dificultad alguna, las resuelve todas el art. 188, según el cual la mujer del ausente, si fuere mayor de edad, puede disponer libremente de los bienes, de cualquier clase que sean, que le pertenezcan; pero no puede enajenar, permutar ni hipotecar los bienes propios del marido ni los de la sociedad conyugal sino con autorización judicial.

Puede, en su virtud, la mujer del ausente comparecer en juicio y disponer libremente de sus propios bienes; sólo necesita la autorización judicial, por lo que se refiere a los bienes del marido y los de la sociedad conyugal.

El Código tiene disposiciones distintas para los otros casos: para el caso de la incapacidad mental del marido son aplicables los arts. 220, con arreglo al cual la mujer es la tutora del marido, y como tutora ha de atemperarse en sus actos á lo que disponen los arts. 269 y demás concordantes de la tutela; pero, además, son importantes, por lo que se refiere a la facultad de disponer de los bienes, los arts. 1441, 1442 y 1444 del repetido Código civil. Las disposiciones de esos artículos no guardan perfectamente armonia con otras del Código relativas a la administración y enajenación de bienes, y además su falta de claridad y precisión han dado lugar á diferentes interpretaciones, á opiniones encontradas que tienen todas verdadero fundamento; la reforma del Código ó las declaraciones de la jurisprudencia pueden aclarar esta materia.

Nosotros creemos que en el caso de la tutela necesita la mujer la autorización judicial para la enajenación de sus bienes.

2.-Interpretación del art. 164 del reglamento de Policía minora.

En la mina X se trabaja á dos relevos de diez horas, y en cada relevo se invierten veintinueve operarios en el interior; de suerte que cuando salen los obreros de un relevo, entran los del otro, y nunca hay en el interior de la mina más de veintinueve hombres.

¿Puede dirigir los trabajos de una mina, en la forma expuesta, un Capataz facultativo, con arreglo al art. 164 del reglamento de Policia minera?

CONTESTACIÓN.-Resolvemos afirmativamente la consulta por.. que, á nuestro juicio, el art. 164 de: reglamento de Policía minera

debe interpretarse en el sentido de que el título de Capalaz facultativo de Minas habilita para la dirección de las minas en que tra. bajen á la vez, o sea al mismo tiempo, menos de treinta obreros, pues se considera aptos á esos Capataces para dirigir esos trabajos, que no son de gran explotación, de mucha importancia, cuando en el interior de la mina hay ocupados sólo treinta hombres.

El que haya dos o más relevos no aumenta el número constan. te de trabajadores en la mina, puesto que nunca trabajan treinta, sino menos, y la disposición del artículo del reglamento no ha fijado el número de obreros por los que pueden trabajar, sucediéndose ó relevándose una ó dos veces cada día, sino por los que trabajan al mismo tiempo en cada mina; ese número indica la importancia de la mina y de su explotación, independientemente de los relevos que en el trabajo puedan establecerse por las necesida. des 6 conveniencia del laboreo y explotación de la mina.

3.- Significado de las palabras scostas» y «gastos». En juicios verbales sobre reclamación de las primas de contratos de seguros se viene sosteniendo en el Juzgado de X que por virtud de lo que se consigna en el art. 6o de la póliza el asegurado viene obligado á pagar los gastos de Procurador, cuando éste asista en representación de la Compañía demandante en los juicios verbales que se promuevan para el pago de las primas venci. das, y que á ello debe condenarse.

La obligación que contrae el asegurado por virtud de la estipulación consignada en el referido artículo, es la de pagar á la Compañía la prima vencida del seguro y las costas y gastos que con mo. tido de la reclamación judicial de la primera se le ocasionen.

La razón que tiene el Juzgado de X para opinar de modo contrario á co no yo opino, es que la asistencia del Procurador no es obligatoria en los juicios de aquella clase, y esta opinión me pa. recería razonable si el demandante reclamara los derechos de Procurador en concepto de costas, o á pagar éstas solamente se obligara el asegurado; pero no siendo así, sino que se reclaman como gastos que a la Compañía se le ocasionan en la reclamación judicial de esas primas, obligación que acepta el asegurado, y además la asistencia de Procurador á esos juicios, no se puede suponer un gasto caprichoso de la Compañía, pues si es cierto que la ley no la impone como obligatoria, en la práctica se hace preciso muchas veces, y especialmente cuando se trata de entidades que tienen que dedicar su actividad y su tiempo á otros negocios y asuntos más importantes que la asistencia al Juzgado para la re

clamación de primas que si á esa costa se habían de cobrar no se cobrarian, la estino equivocada.

Espero de la Dirección de la Revista tenga la bondad de evacuar esta consulta y decir si es la verdadera opinión la que mantengo o la que sostiene el Juzgado municipal de X.

ONTESTACIÓN.- Es bien claro y explícito sobre la duda consultada el art. 11 de la ley de Enjuiciamiento civil, declarando que los Abogados y Procuradores pueden asistir con el carácter de apoderados o de hombres buenos á los actos de conciliación ó con el de auxiliares de los interesados á los juicios verbales; pero en 080s casos, si hubiera condenación de costas á favor del que se haya valido de Procurador o de Letrado, no se comprenderán en ella los derechos de aquél ni los honorarios de éste.

Además, es ya sabido lo que se entiende por costas de un juicio y cuáles deben ser incluídas en la tasación, no alterando pi modificando en nada la práctica general y constante esa fórmula de costas y gastos que se emplea frecuentemente en los contratos, especialmente en los que tienen una redacción igual fija, como son los contratos de seguros, que tienen su póliza, la de arrendamientos extendidos en hojas impresas.

La palabra gastos es de sentido muy amplio, no tiene significación especial concreta, y de aquí el que no se la tome en cuenta para los efectos de la condena de costas.

4.--¿Qué relaciones de derecho crea el concubinato de personas que no pueden casarse según el Código civil de la República Argentina?

Un ciudadano europeo se viene á la República Argentina (o es argentino) como inmigrante. En América le gusta una mujer, pero no puede casarse porque está casado en su país; esto no obstante, se quieren, se unen ambos á vivir en concubinato, sabien. do que no pueden casarse, pero viven felices y pasan los años, tienen hijos (ó no los tienen), después de veinte años o menos han adquirido juntos una fortuna, y muere el hombre, dejando hijos con esta mujer, y en Europa con la propia; ó no deja hijos con la concubina y sí en Europa.

Se desea saber en qué condiciones coloca el derecho civil a la mujer concubina, que ayudó con su trabajo al extinto para adqui. rir dicha fortuna; y caso de ser ella casada con otro hombre, en que condiciones colocará la justicia á los hijos que dicha mujer tuvo de un hombre que no era su marido, y si no tiene hijos, cómo debe considerarse esa sociedad formada por el amor creado á

raíz del concubinato para adquirir los bienes, como asimismo la forma en que se ha de liquidar dicha sociedad.

Este es el resultado inmediato que en la República Argentina produce la intolerancia é intransigencia por la tenaz oposición á que se declare el divorcio absoluto y la disolubilidad del vínculo matrimonial, con las consecuencias de fomentar el concubinato público, de uniones que no tienen más remedio que la muerte o el asesinato, en cuyo drama 6 terminación los inocentes hijos reci. bon de la sociedad el estigma ignominioso de hijos de prostituta, con que se los califica vergonzosamente por un delito cometido por los padres, y en cuya comisión ellos no tienen cuppa pinguna.

En la legislación argentina, sobre esto no hay más disposición que la del art. 246 nuevo y 89 viejo del Código civil, que lejanamente se refiere á este punto, aunque de una manera muy abstracta, y se presta para muchos á interpretaciones diferentes; ofrece algún interés ese artículo que considera el matrimonio nulo, como concubinato, y sus efectos como una sociedad de hecho. Dice así:

«Art. 246 (89). Si el matrimonio nulo fué contraído de mala fe por ambos cónyuges, no producirá efecto civil alguno. La nulidad tendrá los efectos siguientes: 1.°, la unión será reputada como concubinato; 2.o, en relación á los bienes, se procederá como en el easo de la disolución de una sociedad de hecho, quedando sin efecto alguno el contrato de matrimonio; 3.°, en cuanto a los hijos, serán considerados como ilegítimos y en la clase en que los pusiere el impedimento que causare la nulidad.>

CONTESTACIÓN.-El Código civil argentino no reconoce derecho alguno al concubinato; ese estado no crea relación jurídica alguna entre el hombre y la mujer, y los hijos procreados en esa unión ilegítima son ilegítimos, comprendidos en la clase que les corresponda, según los arts. 345, 372, 373 y 374 del citado Código; serán adulterinos, con arreglo al art. 372, si proceden de la unión de dos personas que, al momento de su concepción, no podían contraer matrimonio porque una de ellas, ó ambas, estaban casadas.

No contiene el repetido Código civil disposición alguna relativa al concubinato; esa unión, pues, del hombre y la mujer no constituye un estado especial de derecho que produzca efectos con relación á los hijos ni á los bienes, y no le es aplicable lo dispuesto en el art. 246, que se refiere al matrimonio nulo contraído de mala le por ambos cónyuges; ese matrimonio, declara dicho artículo, no produce efecto civil alguno, y los efectos de esa nulidad son los que se copian en la consulta: primero, la unión es reputada como concubinato, es decir, una unión ilegítima; segundo, en relación a los bienes se procede, una vez declarada la nulidad, como en el caso de disolución de una sociedad de hecho, quedando sin efecto alguno el contrato de matrimonio, porque este contrato exige, para su validez, el requisito de la celebración del matrimonio válido ó que produzca efectos por la buena fe de uno de los cónyuges; y tercero, en cuanto a los hijos, son considerados como ilegítimos y en la clase que les pusiere el impedimento que causara la nulidad.

Ahora, si el hombre y la mujer pudiesen probar que han tenido sociedad, han vivido en comunidad de bienes aportando cada uno los suyos para los fines sociales, en este caso, no por el concepto de la vida común que hicieron, sino por la comunidad de bienes é intereses y por las aportaciones respectivas, la sociedad producirá sus efectos con arreglo al art. 1697 del Código, será declarada la existencia de esa sociedad y habrá lugar, por el fallecimiento de uno de los socios o por su separación disolviendo la sociedad, & pedir la restitución de los bienes aportados, la liquidación de las operaciones o negocios hechos y la partición de las ganancias y de todo lo adquirido en común.

Pero creemos que la existencia de la sociedad no ha de resultar del sólo hecho de la vida común que hicieran el hombre y la mujer, sino, además, de otros actos que demuestren la intención, la voluntad de constituir la sociedad a portando sus respectivos bienes y de repartirse en su día las ganancias. O lo que es lo mismo, se ha de probar la existencia de la sociedad según exige el artículo citado 1697, que no se refiere para nada a la vida común del hombre y la mujer, sino á la comunidad de bienes é intereses que pueda existir sin aquella vida común, así como puede existir ésta, habiendo, sin embargo, completa distinción y separación de bienes.

5.- Detención por infracciones de la ley de Caza.

¿Puede la Guardia civil detener dentro de poblado al que con escopeta y zurron trajere una pieza de caza en tiempo en que ésta está permitida, siendo persona que tiene domicilio fijo, de responsabilidad conocida y que ofrece los medios de justificar su personalidad, aun cuando no tenga licencia para cazar?

Se descalifica la detención porque se limite al tiempo necesario para llevar al detenido desde el lugar en que se detuvo hasta la casa-cuartel, donde el Jefe del puesto lo dejó en libertad?

En las mismas condiciones, apuede verificarse la detención del cazador que se encuentra en el campo?

La detención asi verificada, ¿constituye el delito previsto en el artículo 210 del Código penal?

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